Juzgado electoral: La sucesión de Vidal suma actores clave y expone la trama política del concurso

La carrera por la sucesión en el Juzgado Electoral de Córdoba sumó en las últimas horas un dato que reconfigura el tablero: la irrupción —y confirmación— de perfiles con peso propio provenientes de distintos estamentos, desde el ámbito judicial y electoral hasta la política y la gestión pública.

En ese contexto, el concurso que formalmente impulsa el Consejo de la Magistratura —y que avanza bajo un proceso riguroso— empieza a exhibir con mayor nitidez la trama de intereses y respaldos que atraviesan una designación clave: la sucesión de la histórica jueza electoral Marta Vidal.

A los nombres que ya estaban en danza se agregan ahora figuras con volumen específico que elevan el nivel de la competencia. En el plano político-institucional aparece Augusto Pastore, secretario de Gobierno de la gestión de Martín Llaryora y exintendente de Freyre. Se trata de un dirigente de San Justo, con inserción directa en el Ejecutivo provincial y conocimiento del funcionamiento estatal. Su inclusión no pasa inadvertida: introduce a un actor con peso político propio en la carrera por ocupar el sillón que deja Vidal.

Asimismo, se suma Silvia Paleo, exlegisladora del PRO y actual funcionaria municipal en la Subsecretaría de Integración Regional, área que conduce Alberto Ambrosio. Su perfil combina experiencia legislativa con dominio de funciones propias de un apoderado partidario —rol que ejerció en el PRO—, lo que la posiciona como una figura con recorrido político y vínculos institucionales activos.

En la misma línea, también se inscribe Miriam Beatriz Capone, jueza administrativa de Faltas de la Municipalidad de Córdoba, con trayectoria en el ámbito local y conocimiento del engranaje jurídico-administrativo. Se trata, además, de la funcionaria que encabeza el juzgado electoral en los comicios municipales, lo que la ubica como uno de los nombres de mayor peso entre los postulantes.

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En el PJ

Estas incorporaciones se montan sobre un escenario que ya contaba con nombres de fuerte gravitación. En el espectro político, se mantiene Esteban Lencioni, cercano a Pablo Bario, uno de los hombres de la mesa chica del gobernador Martín Llaryora, aunque con resistencias en sectores opositores que cuestionan su perfil.

También figura en carrera Guillermo Arias, histórico secretario legislativo de la Unicameral, con más de dos décadas en el cargo y expertise en derecho parlamentario. Atravesó las gestiones de vice de Juan Schiaretti y Llaryora, y continúa en el cargo con la actual vicegobernadora Myrian Prunotto, lo que le da cierta dimensión político-institucional.

Con banca deloredista

Por el lado del radicalismo, la figura de Diego Frossasco ganó centralidad tras el respaldo explícito del núcleo de poder que lidera Rodrigo de Loredo. “Es nuestro candidato y lo vamos a sostener”, sintetizaron desde el entorno del ex diputado, en un intento por ordenar a la UCR detrás de una postulación con volumen académico y político.

Frossasco es abogado y profesor de Derecho Constitucional, con pasado como funcionario y apoderado partidario en tiempos de Ramón Mestre. Entre sus antecedentes figura también su rol como convencional constituyente provincial en 2001. Con el respaldo de De Loredo y su círculo más próximo, el radicalismo busca plantarse con una opción competitiva en un escenario cada vez más cargado de figuras de peso.

Estamento judicial

En el plano estrictamente judicial y técnico-electoral, el lote sigue siendo robusto. Allí sobresale Ernesto Torres, actual secretario electoral, señalado como uno de los perfiles con mayor conocimiento específico del sistema. A su vez, se destacan María Emilia Mimessi, desde la Relatoría Electoral del Tribunal Superior de Justicia, y Juan Cruz Juárez, prosecretario del fuero federal con competencia electoral.

A pesar de que el concurso prioriza antecedentes y examen, estos nombres exhiben experiencia directa en la materia. Otras voces, sin embargo, advierten que quien suceda a Vidal deberá contar también con “roce político”, una cualidad no escrita pero inherente al cargo.

De igual modo, aparecen otros perfiles del ámbito judicial como María de los Ángeles Nallín, secretaria letrada en el fuero contencioso administrativo, junto a funcionarios con inserción en áreas clave del sistema judicial y administrativo. Esto amplía el espectro de una competencia que ya no puede leerse en términos lineales.

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Un total de 53

Frente a este escenario, el mapa del concurso se ordena —aunque con bordes difusos— en tres grandes núcleos: el técnico-judicial, con especialización electoral; el político-institucional, con respaldo y trayectoria en la gestión; y el académico-mixto, donde se ubican figuras como Frossasco, que buscan sintetizar ambos mundos. Pero, sobre todo, empieza a quedar claro que la definición no se agotará en los antecedentes ni en el examen.

El plazo para realizar el trámite formal de inscripción cerró este martes, con un total de 53 postulantes. Ahora se abre la etapa de admisibilidad, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos formales: el primer filtro de la “zaranda”, en el que algunos podrían quedar en el camino. Luego seguirá el proceso de oposición, con examen escrito y anónimo, evaluación de antecedentes y, finalmente, entrevistas personales. Con esos puntajes se conformará un orden de mérito que será elevado al Poder Ejecutivo, para que posteriormente la Unicameral preste acuerdo.

No obstante, en los pasillos del poder reconocen que la etapa decisiva se jugará en el terreno de los acuerdos y vetos cruzados. A pesar de que el proceso formal avanza, la política disputa en paralelo y se mantiene como variable determinante en una designación estratégica para el sistema institucional que viene.