PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM)

“La salud no es una variable de ajuste”: intendentes de Córdoba advierten que no podrán sostener la atención médica

Exigen al gobierno nacional el pago de una deuda de 8.800 millones por salud y advierten que los municipios financian de su propio presupuesto la atención de jubilados y pacientes sin cobertura.

Grave denuncia de intendentes cordobeses contra PAMI. Foto: Foto ilustrativa.

Casi cien jefes municipales de 18 departamentos de la provincia de Córdoba firmaron un documento conjunto que denuncia el incumplimiento del PAMI y el Plan Sumar. Desde el interior, dos mandatarios detallaron en Punto a Punto Radio 90.7 FM cómo sus hospitales absorben el costo de un sistema que el Estado nacional dejó de financiar. PAMI negó la existencia de deudas.

Por el incumplimiento en los pagos correspondientes a los dos programas que financian la atención sanitaria de jubilados y personas sin cobertura en el interior provincial, la deuda acumulada supera los 8.800 millones de pesos: 8.400 millones corresponden al Plan Sumar y más de 400 millones al PAMI, según el documento suscripto por los mandatarios.

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El reclamo, que reúne a intendentes de distintos espacios políticos -entre ellos referentes de Hacemos Unidos por Córdoba, vecinalistas y otros sectores-, fue articulado de manera transversal y llegó al Congreso de la Nación a través de la diputada nacional Carolina Bausaldo, quien lo planteó en la Comisión de Salud. Allí se sumaron legisladores de otras provincias con situaciones similares, lo que sugiere que el problema desborda las fronteras de Córdoba.

El testimonio desde La Cumbre

Pablo Alicio, intendente de La Cumbre, fue uno de los impulsores del documento y explicó la situación en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7. "Hemos decidido con cien intendentes hacer este reclamo a Nación por la deuda que tienen con nuestros municipios. Dinero que es muy importante para las arcas municipales para poder seguir manteniendo este servicio", afirmó.

Alicio fue categórico sobre las razones para sostener el esfuerzo: "No podemos dejar a pie a los jubilados en la atención, a los vecinos que no cuentan con ninguna cobertura de salud".

El mandatario serrano también advirtió sobre el riesgo de colapso del sistema privado, que agrava la presión sobre el sector público: "Los hospitales privados, las clínicas privadas que tienen cápita de PAMI y que también tienen un importante déficit, en muchas localidades están empezando a cerrar sus puertas, y esa también tiene que ser cubierta por el sector público de salud".

El testimonio desde San Marcos Sud

Claudia Godoy, jefa comunal de San Marcos Sud -localidad de 5.000 habitantes con una industria láctea de 280 empleados entre sus principales actividades-, describió en el programa 6 en Punto de la misma emisora un cuadro aún más detallado del daño que produce el ajuste nacional sobre las economías locales.

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"El plan económico del presidente Milei a nosotros, los pueblos como el mío, nos preocupa. Pero después, cuando te juntás con el resto de los intendentes y tenés más o menos la misma realidad, ves la dimensión del problema", sostuvo Godoy, quien detalló que la deuda del Plan Sumar en la provincia viene desde abril del año pasado.

"El gobierno de Córdoba nos pagó hasta octubre o noviembre, y ya no nos puede pagar más, lógicamente, porque es un fondo específico del BID. O sea, estarían haciendo una retención indebida de esos fondos", afirmó.

La intendenta también describió cómo funciona la atención a jubilados en el interior: "Nosotros tenemos convenio de autogestión en el hospital. Para que los vecinos no tengan que viajar, los atendemos en el pueblo: suero, medicación, curaciones. OSDE, APROSS y cualquiera de las otras mutuales están al día. PAMI nos debe hace un montón de meses".

Y señaló una inequidad concreta: "Nosotros tenemos servicio de ambulancia. Llega un abuelo mal, nosotros lo trasladamos poniendo los recursos de la municipalidad, y ellos le pagan a una empresa privada que cobra una cápita por un servicio que prestamos nosotros".

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Para graficar la distorsión del equilibrio fiscal que exhibe el gobierno nacional, Godoy recurrió a una analogía: "Si vos tenés jardinero, no le pagás al jardinero, tenés piletero, no le pagás al piletero, al final del mes te va a sobrar plata, pero es una plata mentirosa, porque en realidad no estás pagando a los que te están cumpliendo un servicio".

La mandataria también señaló el impacto sobre las finanzas municipales más allá de la salud: "La coparticipación cayó el 23%, se paró la producción, se cayó la recaudación. No vamos a poder pagar ni los sueldos".

La respuesta de PAMI

Ante la difusión del reclamo, el organismo nacional emitió un comunicado en el que negó la existencia de deudas: "Desde PAMI queremos aclarar que no existe deuda con prestadores en la provincia de Córdoba y se está cumpliendo con los cronogramas de pago establecidos. En los próximos días se abonará el saldo corriente que quede pendiente de las obligaciones pertinentes que están en proceso de liquidación".

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La respuesta contrasta con los registros citados por los propios intendentes, que consignan atrasos de entre seis y nueve meses, y con el relevamiento que los mandatarios realizan entre sí para dimensionar el monto total adeudado. Según informaron, la deuda del PAMI "se podría hasta duplicar agregando las más de cien comunas que aún no realizaron el reclamo".

Antecedentes: las restricciones de noviembre de 2025

El conflicto no es nuevo. En noviembre de 2025, el PAMI había implementado restricciones drásticas en la emisión de órdenes médicas electrónicas en Córdoba, medida que afectó directamente a cientos de jubilados que no podían acceder a turnos, cirugías programadas y medicamentos.

La obra social justificó esa decisión en la detección de un esquema sistemático de fraude por parte de prestadores, farmacias y médicos, que derivó en al menos seis causas judiciales activas. Entre los casos investigados se contaba una causa en la que el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba procesó a 17 personas por asociación ilícita y defraudación, con un perjuicio estimado en casi 199 millones de pesos.

Sin embargo, como publicó PERFIL CÓRDOBA, la modalidad de aplicación de las restricciones recayó sobre los propios jubilados, la población menos responsable de los ilícitos cometidos, mientras los prestadores imputados continuaban sus procesos judiciales.