Las anclas de la inflación y la economía real: las incógnitas del programa económico

El último dato de inflación nacional de 2,9% mensual resultó levemente más alto del esperado por el mercado. Las estimaciones privadas preveían valores del 2,5% al 2,7%, y si bien el Gobierno no había anticipado públicamente un número preciso, todo indicaba que esperaba un registro algo más bajo.

En ese contexto, el dato de febrero no constituye una buena noticia dentro de la expectativa que el propio programa económico está construyendo, especialmente cuando se considera el objetivo declarado de lograr una inflación mensual por debajo del 1% hacia agosto. Durante marzo se incorporan nuevos factores adicionales que podrían presionar los precios, en particular las tensiones internacionales en Medio Oriente y el impacto sobre el mercado energético global. Al margen de los factores externos, conviene también analizar qué está ocurriendo dentro de la economía argentina.

El Gobierno ha utilizado varias herramientas para contener la inflación. La primera, y más consistente, es el ordenamiento monetario. El saneamiento paulatino del balance del Banco Central, la reducción en la emisión monetaria y la convergencia con el superávit fiscal primario. Este aspecto constituye, sin dudas, uno de los pilares más sólidos del programa. Pero junto al ancla monetaria se han utilizado otras tres herramientas cuya sostenibilidad tiene interrogantes.

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El ancla cambiaria

Existe una percepción extendida en la sociedad de que el dólar se encuentra retrasado respecto de los precios de la economía. El Gobierno apuesta a que la oferta futura de divisas permita sostener ese esquema, particularmente a partir del sector energético, minero y agropecuario. Sin embargo, la Argentina social y políticamente no posee la tradición institucional y política donde las rentas extraordinarias pueden redistribuirse socialmente, a lo largo de décadas sin fisuras en la discusión colectiva, como ocurre por ejemplo en las economías árabes. Los dólares extraordinarios que ingresen se distribuirán entre las empresas energéticas, el sector agropecuario y el propio Estado, pero no necesariamente entre el conjunto de la población.

Si bien el complejo agropecuario posee sus propios mecanismos sociales, culturales e institucionales históricos de solidarización de la renta agropecuaria entre las comunidades de cercanía de su producción y manufactura, no se visualiza aún algo similar con el complejo energético. Especialmente si consideramos que el régimen de inversiones que ampara gran parte de ellas (RIGI), permite liquidar las rentas en dólares en el exterior junto con la reducción significativa permanente del impuesto a las ganancias.

El ancla salarial

El techo del 1% mensual a las paritarias contribuyó al retraso del poder adquisitivo. Los salarios luego de una recuperación rápida del castigo extremo por los índices altísimos de inflación del primer semestre de 2024, comenzaron a rezagarse en términos reales. Este es un fenómeno palpable en la realidad de cada familia argentina e impacta en las estadísticas de consumo. La presión social por la recomposición salarial persistirá, en tanto la tradición política argentina con rasgos populares y clase-media se sostenga. Ello introduce una tensión adicional al programa antiinflacionario.

El Gobierno ha decidido limitar el pago de intereses de la deuda de corto y muy corto plazo, cuyos vencimientos son dentro del año. El motivo es limitar la expansión monetaria asociada al financiamiento interno. Pero la consecuencia es secar la plaza local en pesos, quitando opciones de gasto o inversión a los inversores locales. En la primera etapa del programa, esta estrategia contribuyó a estabilizar variables.

Pero en una segunda fase comienza a tener efectos contractivos, al quitar liquidez del sistema, pero sin otorgar opciones reales de inversión o gasto. Cada vez que el Tesoro renueva quincenalmente montos importantes de deuda en pesos del orden de los diez billones de pesos, los intereses no se monetizan y se vuelve a acumular como nueva deuda. Ello sirve para mantener a raya el déficit financiero del Tesoro, pero también una plaza financiera más seca y una economía con menos palanca para operar.

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La economía real

Emerge como discusión si la reducción de la inflación se está logrando a costa de una recesión económica. Es decir, si la Argentina se encuentra en una trampa de estanflación: estancamiento económico con inflación alta persistente. El riesgo ya no es solamente una recesión económica general, sino que pueden agregarse depresiones sectoriales que produzcan una marcada asimetría dentro del colectivo económico.

Un ejemplo claro es el sector textil y de calzado. En el índice de inflación de febrero esos rubros registraron variación cero. En algunas regiones incluso hubo deflación. No obstante, el sector está operando con niveles de utilización de capacidad instalada del 30%, produce un tercio de lo que podría producir. Empresas que cierran, trabajadores despedidos y una demanda que comienza a ser abastecida crecientemente por importaciones.

En ese contexto, hablar solamente de recesión resulta insuficiente. Cuando un sector reduce su escala de producción de manera estructural, el riesgo es convertirse en un nicho marginal de la economía o directamente desaparecer.

El Gobierno sostiene que este proceso forma parte de un reordenamiento estructural y que algunos sectores dejarán de ser viables. Puede ser una hipótesis posible. Pero la experiencia histórica invita a cierta prudencia. En la década de los noventa se tomó una decisión similar con el sistema ferroviario —el famoso “ramal que para, ramal que cierra”— y décadas después buena parte de la sociedad reconoce que aquella política fue un error porque la Argentina se quedó sin sistema ferroviario y sin chances visibles de volver a tenerlo. La economía no se reconstruye automáticamente después de destruir sectores productivos. La teoría puede sugerir que nuevos sectores surgirán para reemplazarlos, pero la historia muestra que esos procesos suelen ser mucho más complejos y costosos socialmente.

El debate actual no debería limitarse a la inflación. También hay que preguntarse qué tipo de estructura productiva quedará después del proceso de estabilización. Y en esa discusión, la economía real, las empresas, los trabajadores y los sectores productivos, no pueden ni deben quedar fuera del análisis.

(*) Economista