Llegó a la justicia la primera denuncia por un alquiler municipal multimillonario de oficinas desocupadas

El concejal Sergio Piguillem presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler del inmueble ubicado en calle Sucre 400, esquina La Rioja, que debía convertirse en la nueva sede del Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC). La presentación quedó radicada en la Fiscalía Distrito III Turno 7, a cargo del fiscal Raúl Garzón.

El caso involucra al director del Ente, Ezequiel Hormaeche Actis, y al gerente administrativo, Diego Javier Beresovsky, y alcanza también a “toda persona que pudiera resultar involucrada” en la contratación aprobada mediante Resolución 566 del 4 de septiembre de 2025.

Un canon inicial de $13 millones mensuales

Según el expediente administrativo 994-011931/2025, la Municipalidad aprobó el alquiler del edificio perteneciente a la firma VESINM SA, por un plazo de 48 meses a partir del 1° de mayo de 2025. El canon locativo inicial fue fijado en $13 millones mensuales, con actualización cuatrimestral según el Índice de Precios al Consumidor Córdoba.

La resolución además autorizó el pago de $52 millones, correspondientes a los meses mayo, junio, julio y agosto de 2025, y validó un gasto total de $624 millones por todo el período contractual.

El documento también aprobó el pago de $31,2 millones al intermediario inmobiliario Guillermo Mansilla y ordenó la contratación de un seguro obligatorio.

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El edificio nunca fue ocupado y permanece cerrado

Pese a los montos abonados y a que el contrato se encuentra vigente desde mayo, Piguillem señaló que el edificio continúa deshabitado y sin actividad, algo que afirmó constatar personalmente y que —según vecinos y trabajadores de la zona— ocurre desde la época de la pandemia. Antes allí funcionó Tarjeta Naranja.
 

El denunciante remarcó que el propio Ente continúa publicando en redes y portales oficiales como sede operativa el inmueble de Avenida Colón 3551, también alquilado, lo que a su criterio contradice la supuesta “necesidad del servicio” que justificaría la contratación excepcional sin licitación.

Un informe técnico que agrava la sospecha

En la denuncia se citan dos elementos que aumentan las dudas sobre la operación:

1. El contrato declara que el inmueble estaba en perfecto estado, con instalaciones y servicios funcionando y mobiliario incluido.
    

2. Sin embargo, un informe de la Dirección de Arquitectura del 11 de agosto —tres meses y medio después del inicio de la locación— describe humedades, charcos, fallas de pintura y cinco años de no habitación, además de advertir que no fue posible verificar instalaciones eléctricas y de conectividad sin un estudio especializado.
    

El informe, sostiene Piguillem, prueba que el edificio no estaba en condiciones de uso, lo que contradice lo afirmado por los funcionarios municipales al firmar el contrato.

El concejal también cuestiona la falta del Anexo I del contrato —inventario y fotografías del inmueble—, que el documento menciona como parte esencial del acuerdo pero que no aparece agregado en el expediente.

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Más gastos posteriores: pedido de $200 millones adicionales

Además del alquiler, el denunciante señala otro expediente, el 994-028150/2025, iniciado luego por el propio Hormaeche, donde se solicita una transferencia presupuestaria de $200 millones para obras varias, mantenimiento y compra de mobiliario.
Esto, según Piguillem, contradice la afirmación del Ente de que el inmueble se encontraba en óptimas condiciones.

“Siete meses pagando por un edificio vacío”

Piguillem sostiene que, a casi siete meses del inicio del contrato, la Municipalidad pagó cerca de $100 millones sin que el inmueble se use, lo que a su criterio configura un perjuicio grave al erario público y podría encajar en delitos contra la administración.

La denuncia pide al fiscal Garzón que investigue a funcionarios del Ente, al servicio jurídico interviniente, a la empresa locadora y a todas las áreas municipales que participaron en el trámite.