Mondino elevó a juicio a Claudio Vignetta por el escándalo de la compra de uniformes para la Guardia Urbana
Además del exsecretario de Seguridad, están acusados por negocios incompatibles con su función Walter Ramón Luján y el expolicía Sebastián Aguilera. El contrato inicial era por $99,2 millones pero quedó sin efecto en marzo de 2024.
El fiscal Anticorrupción Franco Mondino clausuró este jueves la investigación preliminar sobre la compra irregular de uniformes para la Guardia Urbana de la Municipalidad de Córdoba y elevó a juicio a los exfuncionarios Claudio Vignetta, Walter Ramón Luján y al expolicía Sebastián Alejandro Aguilera vinculado a la empresa proveedora Yche SAS.
La causa se encuadra en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto en el artículo 265 del Código Penal.
De acuerdo con la investigación, Vignetta —en su rol de secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria— y Luján —subsecretario del área— habrían intervenido en una contratación directa para la compra de los uniformes que iban a ser destinados a la Guardia Urbana.
El monto del contrato bajo análisis asciende a $99.220.000.
Vínculo personal y contrato sin licitación
La Fiscalía sostiene que la contratación habría beneficiado a la firma Yche SAS, cuyo accionista y administrador era Aguilera.
El punto central de la acusación radica en que Aguilera, al momento de la adjudicación -febrero de 2024- también prestaba funciones dentro de la misma Secretaría mediante un pase en comisión. Además, era chofer del subsecretario Luján y mantenía con él una relación de cercanía personal.
El fiscal concluyó en que estas circunstancias eran conocidas por Vignetta al momento de autorizar la operación.
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Para la Fiscalía, los funcionarios “se interesaron en la contratación en razón de sus cargos” con el objetivo de favorecer al empresario, lo que implicaría un apartamiento del deber de imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
En ese contexto, Aguilera fue considerado partícipe necesario en la operatoria.
La adjudicación finalmente fue dejada sin efecto el 14 de marzo de 2024, a través de una resolución oficial de la Municipalidad por el incumplimiento contractual por parte de la empresa.
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