El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó al exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Vignetta, en el marco de la investigación por la escandalosa compra de uniformes para la Guardia Urbana municipal. Es el tercer imputado del expediente.
La acusación se centra en el presunto delito de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, a raíz de una contratación irregular por casi $99 millones.
Según pudo confirmar Perfil CÓRDOBA, Mondino sumó la acusación a quien intervino en la génesis de la guardia urbana y renunció en abril de este año. Hasta ahora parecía que el escándalo de los uniformes no lo salpicaba. El abogado Justiniano Martínez asumió la defensa de Vignetta.
La investigación apunta a la adquisición de 400 uniformes que el municipio encargó en febrero de 2024 a una firma radicada en La Calera, Yche SA, propiedad del ex policía Sebastián Aguilera, una persona allegada al entonces subsecretario de Seguridad, Walter Ramón Luján. En efecto fueron los primeros imputados en la causa.
La incompatibilidad surge del vínculo personal y profesional entre Luján y Aguilera, que habría influido en la adjudicación del contrato. La operación fue anulada por la Municipalidad cuando se conoció la relación entre ambos, y el funcionario fue removido de su cargo.
La imputación de Vignetta —quien encabezaba el área de Seguridad en ese momento— se suma así a la de Luján y Aguilera.
El episodio generó polémica no solo por la posible incompatibilidad, sino también por el monto de la compra anulada. En octubre de 2024, el municipio volvió a licitar el suministro y adjudicó el mismo pedido —400 uniformes— por $55 millones, es decir, un ahorro de casi la mitad del valor anterior.
Expolicía con proyección política
Vignetta se formó en la Policía de Córdoba. Llegó a tener el rango de comisario mayor cuando fue eyectado de la fuerza por el entonces jefe, Julio César Suárez, en 2014.
Al año siguiente fue designado Secretario de Gestión de Riesgo Climático y catástrofes de la Provincia de Córdoba.
Desde ese puesto que lo proyecto a la opinión pública por los recurrentes incendios forestales, desembarcó en la Municipalidad de Córdoba cuando el objetivo era asumir las riendas de la seguridad urbana. Renunció en abril de este año y a partir de su salida la Guardia Urbana municipal -que generó el escándalo- sufrió una profunda metamorfosis.
