Nuevo proyecto de Ley de Discapacidad: qué cambia, qué elimina y por qué las organizaciones lo rechazan

El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que modifica en forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 -que el propio gobierno incumple pese a fallos judiciales- bajo el nombre "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Organizaciones de discapacidad de Córdoba lo califican como la mayor arremetida contra la universalidad del sistema desde que asumió Javier Milei, en un escenario agravado por la causa judicial que investiga presuntas coimas en la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con menciones explícitas a Karina Milei.

La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio -y eventual baja- para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.

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Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la "incompatibilidad absoluta" que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

Desde Córdoba, la reacción de las organizaciones del sector fue inmediata. Leandro Ator, presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre y referente del movimiento de discapacidad cordobés, expresó su rechazo categórico en declaraciones al programa Punto y Aparte de Radio Punto a Punto 90.7.

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"Lo primero que hace ruido es el nombre del proyecto. 'Ley contra el fraude de pensiones por invalidez' lo que hace es demonizar al colectivo. Existen desde hace mucho tiempo un montón de mecanismos de control", señaló Ator, quien advirtió que la iniciativa apunta directamente al corazón del sistema de prestaciones: "Entendemos que este proyecto no beneficia a nadie, que es restrictivo, que quita derechos, que demoniza al colectivo de personas con discapacidad y que se va a perder la universalidad".

El dirigente explicó el alcance de esa universalidad amenazada: en Argentina, la Ley 24.901 garantiza que todas las personas con discapacidad en el territorio nacional puedan acceder a un sistema de prestaciones con independencia de su capacidad económica, ofreciendo las mismas coberturas tanto a quienes no tienen obra social -enmarcados en el Programa Incluir Salud- como a quienes cuentan con prepaga.

"Este proyecto sin dudas apunta a romper con eso", sostuvo Ator, y trazó la línea ideológica que, en su lectura, estructura las políticas del gobierno en la materia: "Quien tenga recursos, verá la manera en que accede al sistema de prestaciones. Y quien no tenga recursos, los más humildes, los más vulnerables, que se las arreglen como puedan".

El argumento del fraude y la manipulación de datos

El gobierno justificó la iniciativa en el crecimiento de las pensiones por invalidez, que según datos oficiales escalaron de 76.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 en 2023. Ator cuestionó esa cifra y, sobre todo, el uso político que se hace de ella: "No puedo confirmar que ese sea el número. De todas maneras, hay una interpretación y manipulación de los números para instalar esta idea del fraude en discapacidad, de las irregularidades en discapacidad. Es muy común que cuando vienen gobiernos con políticas de ajuste en el sector, traten de instalar esa idea”.

Como antecedente, recordó una auditoría externa realizada al PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016: "Después de cuatro meses, del total de prestadores, solamente se encontraron tres irregularidades, y estamos hablando de más de 100 prestadores activos en ese momento. Sin embargo, lo que se bajaba era la misma idea: las irregularidades en discapacidad, los fraudes en discapacidad".

El escándalo ANDIS como telón de fondo

La paradoja política del proyecto no pasa inadvertida para nadie en el sector. El gobierno que ahora erige la bandera de la transparencia en pensiones por invalidez es el mismo que enfrenta una causa judicial de alto impacto por presuntas coimas al interior del organismo que administraba esas mismas prestaciones.

En agosto de 2025 el presidente Milei desplazó al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que se mencionaban presuntos pedidos de coimas y se aludía a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. El expediente, que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, se originó a partir de esas grabaciones en las que Spagnuolo describía un sistema de retornos en la compra de medicamentos.

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El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó "una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad". Según los audios atribuidos a Spagnuolo, el 3% de las operaciones con droguerías iba destinado a Karina Milei.

Trabajadores del organismo señalaron que las bajas de pensiones ya superaban las 111.000 al momento de estallar el escándalo, y que el propio Spagnuolo había anticipado que esperaban llegar a 400.000 bajas para fin de año. Tras la disolución de la ANDIS, sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud.

El ingreso por el Senado y la estrategia legislativa

El Gobierno optó por ingresar el proyecto por el Senado porque considera que la conformación de una mayoría es más sencilla allí que en Diputados. En ese contexto, se espera una fuerte tensión en los bloques aliados del oficialismo, que el año pasado votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad.

La misma estrategia de presentar una nueva ley cuando hay obligaciones judiciales incumplidas ya fue utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: el Ejecutivo busca ganar tiempo a través del debate parlamentario mientras evade la aplicación de la normativa vigente.

Movilización en Córdoba

Al cierre de la entrevista, Ator convocó al sector de la provincia de Córdoba a sumarse a la jornada nacional de protesta del miércoles 22 de abril en repudio a las políticas de ajuste en discapacidad. La medida se enmarca en una serie de movilizaciones que el colectivo sostiene desde hace dos años frente a lo que describe como un desmantelamiento sistemático de derechos conquistados.

"Han sido dos años dificilísimos para todas las personas que trabajamos en discapacidad. Han sido dos años de un montón de retroceso en derechos", sintetizó Ator.