CRISIS

Obra pública: la UOCRA afirmó que ya se perdieron 50.000 puestos de trabajo

El gremio de los trabajadores de la construcción confirmó también la pérdida de otros 100.000 puestos indirectos.

CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Foto: NA.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) aseguró que en los últimos dos meses se perdieron unos 50 mil puesto de trabajo directos y otros 100 mil indirectos debido a la paralización de la obra pública en todo el país.

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Comunicado

El gremio resolvió declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país.

“La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuestas por el Gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad”, expresa un comunicado gremial.

También cuestiona “la ausencia de gestión e interlocutores varios por parte de Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.

El documento también señala que “en los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos” en el sector por “la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas”.

“La obra privada aún no ha alcanzado niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”, precisa el comunicado.

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Reclamo

Los trabajadores afirmaron que la situación se agrava ante “la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo”.

 

 

Para la UOCRA es “inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno”, que “no convoque al diálogo social” y “ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.