Padrón fantasma en La Calera: la Legislatura reclama al Ministro de Justicia detalles sobre defunciones no registradas

El legislador provincial Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) solicitó al ministerio de Justicia y Trabajo para que, en un plazo de diez días, brinde detalles sobre cómo se registran las defunciones en la Provincia de Córdoba y cómo se comunican al sistema electoral. La medida se da en medio de un escándalo que involucra a exfuncionarios de la localidad de La Calera por presuntas maniobras que habrían permitido que personas fallecidas siguieran votando en elecciones entre 2016 y 2023.

Según la denuncia presentada por el actual intendente, Fernando Rambaldi, junto al asesor letrado municipal Agustín Anglada Allende, los exintendentes Rodrigo Rufeil (2015-2019) y Facundo Rufeil (2019-2023), así como Susana Margarita Fiorini, directora del Registro Civil durante más de una década, habrían omitido informar las defunciones al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y al Registro Civil provincial. Esta omisión habría permitido que los DNI de, al menos, 70 ciudadanos fallecidos, continuaran activos en el padrón electoral.

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"Desde el viernes hasta hoy, confirmamos que hay 70 y algunos votantes más que emitieron su voto desde la tumba. Contamos con pruebas contundentes de que esto ocurrió. Algunos casos corresponden a personas fallecidas en 2015 o 2016 que, sin embargo, votaron en 2017, 2019, 2021 y 2023", explicó el intendente Rambaldi. 

La solicitud del legislador apunta a que el Ministro de Justicia (Julián López) informe cómo se asientan las defunciones en los registros provinciales y municipales, en qué plazos deben comunicarse a los juzgados electorales, la Cámara Nacional Electoral y otros organismos, y si existen otros municipios que hayan omitido la comunicación de fallecimientos, así como si se auditan los registros municipales desde la provincia.

Rambaldi advirtió que la situación detectada en La Calera podría repetirse en otras localidades. "¿Existen otros municipios y comunas en donde hace 10 años que no se depura el padrón, con el peligro que estén llevando el mismo modus operandi que hacían estos muchachos en La Calera?", señaló. Además, agregó que la responsabilidad recae directamente sobre la Dirección General del Registro Civil provincial, que aparentemente recién ahora habría tomado conocimiento de la omisión.

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El escrito presentado por las autoridades municipales solicita que se investiguen a los exfuncionarios por varios delitos, entre ellos falsificación de documentos electorales, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad. En caso de comprobarse un plan sistemático, también podría configurarse asociación ilícita. Para respaldar la denuncia, se presentaron documentos oficiales sobre designaciones y responsabilidades de los acusados, además de una pericia informática realizada por el licenciado Roberto Picado.

Ahora, los exintendentes y la exdirectora del Registro Civil deberán enfrentar la investigación que busca determinar si encabezaron o permitieron un mecanismo que falseó la voluntad popular en varias elecciones de la localidad.