PAMI y la deuda con municipios de Córdoba: intendentes se plantaron en la sede y piden respuestas urgentes

Al menos quince intendentes y jefes comunales del interior de la provincia de Córdoba se presentaron este miércoles a la mañana de forma presencial en la sede de la Delegación Córdoba del PAMI para entregar una nota de reclamo formal. El documento, fechado el 22 de abril de 2026, reúne las firmas de más de 150 mandatarios locales y expone una situación que, según advierten, ya superó el umbral de la crisis administrativa para convertirse en una emergencia sanitaria.

El caso más crítico es el de Marcos Juárez, donde 5.500 jubilados deben recorrer 120 kilómetros para recibir atención de mediana y alta complejidad tras el cierre del único sanatorio que operaba bajo convenio con la obra social.

La nota, dirigida a la Jefatura de la Delegación, describe tres ejes de conflicto: una deuda acumulada e impaga por prestaciones médicas realizadas en hospitales y centros de salud municipales bajo convenio con el PAMI, fallas estructurales en el sistema de traslados en ambulancia en el interior provincial, y el deterioro en la cadena de pagos a prestadores privados y farmacias. El texto es categórico: "Los municipios están sosteniendo el sistema sin el correspondiente respaldo financiero de PAMI".

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La deuda que acumula PAMI con los municipios cordobeses alcanza, según las estimaciones de los propios intendentes, cerca de 9.000 millones de pesos, cifra que incluye, entre varios ítems, atenciones en hospitales y dispensarios brindadas a cargo de los municipios que todavía no logran cobrar desde la obra social estatal. A ese monto se suma la deuda que el propio Ministerio de Salud provincial estimó en 2.900 millones de pesos a valor nominal -que con intereses escala a 4.700 millones- por el recupero de gastos de atención a pacientes del organismo.

Los retrasos en los pagos no son recientes. Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud y una de las firmantes del documento, describió la situación con precisión: "Hemos hecho las cuestiones administrativas reclamando los pagos que nos deben: en algunos casos seis meses, en algunos casos ocho meses, en otros nueve meses, de dinero por prestaciones que hemos llevado adelante".

Godoy advirtió además sobre la dimensión colectiva del problema: "La verdad que es preocupante. En toda la cantidad que somos, nos están debiendo más de 500.000 millones de pesos".

La jefa comunal también intentó gestionar el conflicto a través de los canales políticos del oficialismo nacional, sin éxito: "Apelar a la buena voluntad del presidente Milei y del diputado Bornoroni acá en Córdoba, que lo hemos llamado en varias oportunidades y no lo hemos podido ubicar, para pedirle que nos haga el favor de resolvernos esto a los municipios que somos, en definitiva, los que todos los días ponemos la cara con nuestros vecinos".

El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, atraviesa uno de los momentos más complejos desde que le toca ser el referente de los hermanos Milei en Córdoba, precisamente por la demanda de los intendentes por la deuda del PAMI en el interior provincial. Las críticas apuntan a la estructura que administra el PAMI Córdoba, actualmente bajo la dirección de Eduardo Frayre, quien responde al diputado Marcos Patiño Brizuela, dirigente cercano a Bornoroni y parte de su círculo político.

El caso extremo: Marcos Juárez y 120 kilómetros para una consulta

El escenario más grave que describe la nota tiene nombre propio: Marcos Juárez. El 31 de marzo de 2026, el Sanatorio Privado del Sudeste -única institución que atendía afiliados al PAMI en la ciudad- cerró sus puertas luego de que la clínica renunciara a las cápitas el 1° de diciembre de 2025. La cobertura fue reasignada al sanatorio Fusavín de Villa María, a 120 kilómetros de distancia.

Carmen Lerda, vocera de los jubilados y pensionados del PAMI autoconvocados en Marcos Juárez, describió en 90.7 Punto a Punto Radio las consecuencias concretas de esa decisión: "Los jubilados y pensionados tienen que trasladarse a Villa María para problemas de segunda y tercera complejidad. El servicio de ambulancia no es eficiente: hay 12, 19 y hasta 72 horas de demora. No hay lugar para estabilizar a los pacientes antes del viaje".

Un sistema al límite en toda la provincia

El reclamo de los intendentes cordobeses se inscribe en un contexto de crisis nacional. La deuda acumulada del PAMI con prestadores de salud supera los 500.000 millones de pesos y genera dificultades en la atención de jubilados y pensionados en distintas regiones del país, con demoras en los pagos que en algunos casos alcanzan hasta cuatro meses, cortes de servicios, cobro de adicionales indebidos y reducción de prestaciones, tanto en clínicas privadas como en consultorios especializados.

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En la provincia, el efecto domino ya se extiende a distintas localidades. El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, describió una situación "explosiva" en términos de asistencia y servicios, y señaló que el hospital municipal absorbió gran parte de la demanda que las clínicas privadas no pueden cubrir debido a los atrasos en los pagos de la obra social. En Capilla del Monte, la deuda acumulada del PAMI con el municipio supera los 40 millones de pesos y en el Hospital Luqui, seis de cada diez pacientes pertenecen al PAMI. En Cosquín, el intendente Raúl Cardinali precisó que el gobierno nacional le adeuda más de 40 millones de pesos, incluyendo fondos del Plan SUMAR con financiamiento internacional destinado específicamente a insumos y equipamiento médico.

Un grupo de 16 intendentes de la Comunidad Regional de Calamuchita también alertó que "esta crisis ha dejado de ser un mero conflicto administrativo nacional para transformarse en una emergencia humana que hoy golpea las puertas de nuestros municipios" y sostuvo que "no podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados."

Las cinco demandas concretas

En su nota a la Delegación Córdoba del PAMI, los intendentes formularon cinco exigencias: la regularización inmediata de la deuda acumulada con los municipios; la definición de un esquema de pagos previsible que evite futuros retrasos; la revisión integral del sistema de traslados en ambulancia; la normalización de los pagos a prestadores privados y farmacias para garantizar el stock de medicamentos y la continuidad de la atención; y la apertura de una mesa de trabajo institucional permanente entre el PAMI y los municipios del interior.

Foto en texto: Gerardo Fornasero.