Perú y los muertos que no cuenta su ‘exitosa’ economía

En un país que ‘normalizó’ que desfilaran siete presidentes en menos de siete años y que solo el primero de esa lista, Ollanta Humala, haya logrado completar el período de cinco años para el que fue elegido (aunque después haya pasado tiempo preso por denuncias de corrupción), no es raro que la vida humana cotice mucho menos que las acciones de las poderosas mineras.

Las estadísticas oficiales ya suman 51 los muertos en las protestas y enfrentamientos sucedidos en diferentes puntos del país desde el 7 de diciembre, fecha en la que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso unicameral al que previamente anunció que disolvería para llamar este año a nuevas elecciones legislativas con facultades constituyentes.

Ese anuncio de Castillo, un maestro rural de Cajamarca que había llegado a la Casa de Pizarro el 28 de julio de 2021 tras derrotar por exiguo margen en balotaje a Keiko Fujimori, fue una suerte de suicidio político ya que dio a los congresistas el argumento para derrocarlo. En rigor, colegas peruanos indican que el Congreso, donde el fujimorismo con aliados es bancada mayoritaria, ya había logrado reunir los votos para “vacar” a Castillo, cosa que buscaba prácticamente desde que asumió y que intentó dos veces sin el quórum necesario.

Destituido Castillo, asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, en medio de protestas que se fueron diluyendo en Lima pero crecieron en el interior del país. Boluarte, como ocurre a menudo con quienes asumen funciones para las que no fueron elegidas en las urnas, pareció tomar exageradas atribuciones; prometió adelantar elecciones generales pero con plazos inaceptables para quienes comenzaban a exigir un calendario más cercano que también incluyera una Asamblea Constituyente.

Las protestas contra una mandataria acusada de traición y un Congreso tan desprestigiado como toda la clase política, siguieron creciendo en el Perú profundo, al que no le llegan ni las migajas de los “exitosos” números de la macroeconomía. Los primeros enfrentamientos no tardaron en tener un final trágico.

Diciembre se llevó 30 vidas por manifestaciones y protestas fuertemente reprimidas y enfrentamientos en Lima y zonas rurales de diferentes regiones. El lunes pasado, el epicentro de la conflictividad fue Juliaca, aunque las protestas y bloqueos de carreteras se extendían por todo Puno, Arequipa y otras regiones del sur. Solo en ese día fueron reportados 17 muertos y 68 heridos.

Ayer, algunos informes parciales (a veces por incompletos y tendenciosos) elevaron la cifra total a 21 muertos en esta semana, y más de 50 desde que estalló la crisis. “No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la Patria”, dijo Boluarte. Su dimisión es exigida por los manifestantes que, entre otros reclamos, incluyen la liberación de Castillo, el llamado inmediato a elecciones –y no en abril de 2024 como pretende la actual mandataria–, y la mentada Constituyente a la que no ve con buenos ojos el establishment económico del país.

Un establishment que incluye a algunos voceros que, a pesar del más de medio centenar de muertos y las decenas de heridos registrados de manera oficial por estos días (podría ser una cifra mayor), quizá reporten la tragedia política y social que vive Perú y motivó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, alegando que “pese a todo, la economía va bien”. Aunque en el sur y otras comarcas del país profundo no piensen igual.