Villa María avanza en la regulación de Uber: habrá tarifa única y registro municipal
El Municipio trabaja en un proyecto de ordenanza que permitirá el funcionamiento legal de aplicaciones de transporte con chofer, bajo condiciones similares a las exigidas al sistema de taxis.
La Municipalidad de Villa María anunció que se encuentra en proceso de redactar una ordenanza para legalizar el uso de plataformas digitales de transporte como Uber, en un marco de regulación que incluirá requisitos de registro, identificación y adecuación tarifaria para los vehículos que operen bajo estas aplicaciones.
El anuncio fue realizado este viernes por la mañana durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Marcos Bovo, junto a representantes del sector de taxis, funcionarios municipales y concejales. Según se explicó, la iniciativa surge de un trabajo conjunto entre distintas áreas del Ejecutivo local y referentes del sistema de taxis, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y responder a los cambios tecnológicos que atraviesan al sector.
"Estamos avanzando en un proyecto que permita regular el uso de las aplicaciones, dar previsibilidad a quienes trabajan en el sistema de transporte y garantizar condiciones equitativas para todos los actores", afirmó Bovo. El funcionario indicó que el proyecto será ingresado al Concejo Deliberante en mayo o junio.
Entre los puntos acordados figura la implementación de una tarifa única para todo el sistema de transporte con chofer, con posibilidad de un incremento del 20%. Además, los vehículos que operen a través de aplicaciones deberán inscribirse en el municipio, tributar impuestos locales, exhibir identificación y cumplir con los parámetros definidos por la normativa.
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Por su parte, Julio Villafañe, presidente de la comisión de Radio Taxis, valoró el diálogo con el Ejecutivo municipal y consideró que la regulación pondrá fin a la actual "competencia desleal" que, según expresó, afecta de manera directa a los trabajadores del sector.
La propuesta busca garantizar el control del servicio y evitar prácticas que escapen al marco legal. También apunta a preservar las fuentes laborales vinculadas al transporte urbano en un contexto de transformación digital.
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