Bolivia declaró el estado de emergencia tras semanas de protestas y bloqueos de rutas

El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró este sábado el estado de emergencia en todo el territorio nacional tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron gran parte del país y provocaron una creciente crisis de abastecimiento. El mandatario justificó la decisión al asegurar que se agotaron “todas las vías de diálogo” con los sectores movilizados y que era necesario restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

El anuncio se produjo apenas horas después de que el Gobierno firmara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la principal federación sindical del país, con el objetivo de poner fin a las protestas iniciadas a principios de mayo. Sin embargo, el entendimiento no logró contener el conflicto en su totalidad, ya que otros sindicatos y organizaciones sociales decidieron continuar con las medidas de fuerza.

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“Tras agotar todas las vías de diálogo, alcanzar acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes recurrieron a la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, decidimos declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, expresó Paz en un mensaje televisado.

Las protestas comenzaron hace más de un mes y medio, impulsadas inicialmente por la COB, que rechazó el paquete de reformas económicas promovido por el Gobierno y respaldado por Estados Unidos. Según el Ejecutivo, las medidas buscan enfrentar la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas.

Los manifestantes, integrados principalmente por obreros, campesinos, mineros, camioneros y maestros, exigieron la suspensión de las reformas económicas y reclamaron además la renuncia del mandatario. Paz asumió la presidencia hace apenas siete meses, poniendo fin a dos décadas de gobiernos socialistas en el país.

Uno de los principales métodos de protesta fueron los bloqueos de carreteras. En el momento más crítico del conflicto llegaron a registrarse más de 100 cortes simultáneos en distintos puntos del territorio boliviano. Aunque la cifra disminuyó tras el acuerdo con la COB, todavía permanecen activos alrededor de 50 bloqueos.

Las interrupciones del tránsito generaron serias dificultades para el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en las principales ciudades del país, incluida la capital administrativa, La Paz. El desabastecimiento y las dificultades para la circulación incrementaron la presión sobre el Gobierno para encontrar una salida negociada al conflicto.

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El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la COB establece, entre otros puntos, que el Gobierno no avanzará con la privatización de empresas públicas, uno de los principales reclamos sindicales. Además, prevé la creación de mesas de trabajo integradas por ministros y dirigentes gremiales para analizar las demandas del movimiento obrero.

“A partir de ahora, se levantan las medidas de presión en todo el país”, anunció Mario Argollo, líder de la COB, tras la firma del acuerdo.

El dirigente explicó además que el Gobierno tendrá un plazo de 90 días para avanzar en los compromisos asumidos y advirtió que el cumplimiento efectivo de esos puntos será determinante para sostener la paz social. “Ahora le toca a él tomar la iniciativa”, sostuvo en referencia al presidente.

Por su parte, Paz defendió el entendimiento alcanzado y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la fuerza”, al tiempo que insistió en que su administración continuará buscando consensos para superar la crisis.

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No obstante, diversos sectores rechazaron el acuerdo. Entre ellos se encuentran grupos laborales y productores de coca de la región del Chapare, considerada el principal bastión político del expresidente Evo Morales.

“Hemos decidido reforzar los bloqueos de carreteras”, declaró Antonio Mallku, uno de los líderes sindicales que continúa con las protestas. Según afirmó, “nuestros hermanos indígenas se sintieron traicionados” por el pacto firmado entre el Gobierno y la COB.

Ante este escenario, el presidente anunció que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas “restablecer la libertad de circulación, recuperar el control de las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. Además, advirtió que quienes mantengan los bloqueos o recurran a hechos de violencia enfrentarán “todo el peso de la ley”.

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El Gobierno sostiene que detrás de las protestas actúan grupos vinculados al expresidente Evo Morales, a quienes Paz calificó como “narcoterroristas”. Morales, por su parte, permanece oculto mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de menores, acusaciones que rechaza y niega de manera categórica.

CS