Entre Bolsonaro y las Big Tech: por qué Donald Trump "castigó" con aranceles a Brasil y sancionó al juez Alexandre de Moraes

Después de meses de rosca en Washington, Eduardo Bolsonaro consiguió el objetivo que lo llevó a radicarse en Estados Unidos: que el gobierno de Donald Trump "castigue" a Brasil con un 50% de aranceles y sancione al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. La medida, duramente cuestionada por el brasileño Lula da Silva, se interpretó como un intento de salvataje del expresidente, uno de sus principales aliados ideológicos en la región. Ocurrió en el marco del juicio federal por intento de golpismo y por ser considerado cómplice de un complot para asesinar al líder del Partido de los Trabajadores, su vicepresidente Gerardo Alckmin y el propio cortesano quien, con su férrea campaña contra la desinformación, se convirtió en el foco del odio bolsonarista en los últimos años.

Con el pretexto de una "amenaza a la seguridad nacional", el jueves 31 de julio Estados Unidos oficializó la sanción a Brasil que tensó de forma inédita la relación entre Washington y Brasilia, dos históricos aliados de la región, en función de matices que exceden la lógica comercial. "Trump no quiere hablar", se sinceró Lula da Silva en una entrevista a The New York Times, publicada horas antes de que se hiciera oficial el decreto.

Al igual que su par chino, el mandatario brasileño no se achicó ante la decisión del presidente estadounidense, a la que calificó de una "desviación de todos los estándares de negociación diplomática". "Cuando hay un desacuerdo comercial o político, se llama por teléfono, se programa una reunión, se habla y se intenta resolver el problema. Lo que no se hace es imponer impuestos y dar un ultimátum", explicó.

Sin embargo, la razón del “castigo arancelario” a Brasil, según Washington, no es exclusivamente económica, sino que responde a otras variables. Y la resolución del Departamento de Estado de EEUU, en tanto, no dejó lugar a dudas. Sin tapujos, deslizó los motivos políticos detrás de la sanción: la supuesta "caza de brujas" contra Jair Bolsonaro, aludiendo al contexto geopolítico y con un Washington teñido de rojo (al estilo MAGA) teje alianzas ideológicas en función de sus intereses.

Pero hubo otro elemento que llamó la atención del texto firmado por Trump e impulsado por su jefe diplomático, Marco Rubio, que revela asimismo la presión de las corporaciones tecnológicas (como X, Meta y Google, conocidas como Big Tech) no solo por el acceso al mercado brasileño —dominado por la billetera estatal Pix— sino también porque representan un punto de fricción con las decisiones judiciales del juez supremo de Moraes, que incluyen la persecución de desinformación y delitos de odio en plataformas tecnológicas.

Un asunto que provocó que figuras como Paulo Figueiredo —el principal aliado del diputado Eduardo Bolsonaro en EEUU también mencionado en el documento— maniobren activamente para que el gobierno estadounidense se meta en los asuntos internos de Brasil y presione a la justicia en favor de su padre, que podría recibir una sentencia de hasta 40 años en septiembre. 

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La política de sanciones: un choque de intereses

Las sanciones impuestas por la administración Trump a Brasil no son un hecho aislado, sino una manifestación de un conflicto de intereses más profundo. El Departamento de Estado lo ha dejado claro en su informe, señalando que "las decisiones judiciales brasileñas, bajo el liderazgo de Alexandre de Moraes, han perturbado los intereses de las empresas tecnológicas estadounidenses, en particular aquellas involucradas en el control de contenido en redes sociales". Este choque no solo afecta la diplomacia internacional, sino que también pone en juego el control de narrativas en el ciberespacio, donde figuras como Trump y Bolsonaro pisan fuerte.

En relación con las sanciones impuestas, el informe del Departamento de Estado al que accedió PERFIL subraya que "la persecución de figuras políticas brasileñas cercanas al expresidente Bolsonaro, así como las restricciones a las plataformas tecnológicas extranjeras, son percibidas por EE.UU. como un ataque a la libertad de expresión y un desafío a la soberanía tecnológica".

Además, la administración Trump ha señalado específicamente a Moraes, argumentando que "su judicialización de la política y su constante intervención en plataformas tecnológicas de EE.UU. ha sido un impedimento para el libre flujo de información". En este contexto, las decisiones de Moraes, como las que bloquearon cuentas de X (antes Twitter) vinculadas a Elon Musk, no solo han afectado las empresas tecnológicas, sino también han sido interpretadas como una intromisión en los intereses de EE.UU.

La rosca de Bolsonaro en Washington 

Según una encuesta de Datafolha, la sanción de Trump contra Brasil fue reprobada por el 57% de los brasileños. Una cifra que incluye a detractores del propio Lula, que venía peleando la caída en su imagen a raíz de la economía. Pero más ruido hizo la sanción contra Alexandre de Moraes, en función de la ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en "actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos".

Uno de los artífices de la sanción al cortesano resentido por la militancia bolsonarista fue Eduardo Bolsonaro, el diputado hijo del expresidente, quien se tomó una licencia del Congreso para lobbiar intensamente en Washington para lograr que el gobierno de EEUU interfiera en el proceso judicial de su padre.

En sus reuniones con congresistas estadounidenses y funcionarios del Departamento de Estado, Eduardo logró que su mensaje se amplifique, especialmente a través de sus contactos con figuras como Marco Rubio y el republicano Cory Mills, quienes mostraron simpatía por la causa de los Bolsonaro.

En particular, la influencia de Paulo Figueiredo, un influencer brasileño radicado en EEUU aboga por el uso de la ley Magnitsky contra los magistrados brasileños, fue clave para establecer vínculos con los sectores más conservadores del Congreso de EE.UU. Figueiredo, en un video en su canal de YouTube, comentó: "Estamos buscando que los Estados Unidos comprendan que lo que está en juego aquí es la libertad de los brasileños, no la política interna. Y si los magistrados brasileños están interfiriendo en la libertad, Estados Unidos debe tomar cartas en el asunto".

Pese a la advertencia de las autoridades brasileñas, que en varias oportunidades advirtieron la independencia de poderes, Bolsonaro no dudó en hacer público su accionar en Washington publicando sus movimientos en rede sociales. "Soy el corazón, pero Paulo es el cerebro", publicó en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su colaboración con Figueiredo, quien se ha convertido en su aliado principal.

Nieto del exdictador Joao Figueiredo, Paulo es investigado por difundir noticias falsas, y motivó otro fragmento de la argumentación del gobierno de Trump para sancionar al juez supremo que, al igual que ocurrió con Cristina Kirchner previo a la sentencia de la Causa Vialidad, se le prohibió el ingreso a Estados Unidos. "El juez De Moraes actualmente supervisa el procesamiento penal del gobierno de Brasil de Paulo Figueiredo, residente de Estados Unidos, por un discurso que hizo en suelo estadounidense, y ha apoyado investigaciones criminales sobre otras personas estadounidenses después de que expusieron sus graves violaciones de los derechos humanos y la corrupción", reza el documento.

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Como corolario, la sanción de EEUU dejó entrever el problemático vínculo del gobierno de Trump con las Big Tech que es más complejo de lo que parece. Según el análisis del Departamento de Estado de EE.UU., el gobierno de Trump ha utilizado el conflicto con Brasil sobre las políticas tecnológicas como un pretexto para justificar un aumento en los aranceles.

En tanto, se alega que las decisiones de Moraes, especialmente las que buscan regular el contenido en redes sociales y la desinformación, son vistas por Washington como una "amenaza directa a las empresas tecnológicas estadounidenses". La administración de Trump ha expresado en su informe que "las decisiones judiciales de Brasil, especialmente las dirigidas a regular las plataformas digitales, constituyen un ataque a las libertades económicas y de expresión de empresas con sede en EE.UU.".

Gi