Ley de Tierras: la Corte Suprema se reúne este viernes a las 9 y podría emitir un nuevo fallo

La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, con el objetivo de avanzar en una nueva definición judicial sobre la Ley de Tierras. El expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría restablecer, al menos de manera provisoria, las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros que el Gobierno de Javier Milei derogó mediante el DNU 70/2023. 

Como paso previo, los jueces resolvieron reducir de 72 a 24 horas el plazo para que las partes impugnen la integración del tribunal con dos conjueces. También habilitaron días y horas inhábiles, una decisión que acelera los tiempos para que la Corte pueda pronunciarse sobre el planteo. La causa fue iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El expediente está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, sobre el que el máximo tribunal se pronunció la semana pasada.

Si la Corte Suprema hace lugar a la cautelar en el nuevo expediente, podría abrirse un escenario de tensión con su último fallo sobre la Ley de Tierras. Aunque aquella resolución se limitó a una cuestión procesal y no definió la constitucionalidad de la derogación, una decisión que restablezca provisoriamente las restricciones a la compra de campos por extranjeros supondría un cambio en los efectos prácticos del régimen cuestionado por el DNU 70/2023. De ese modo, el tribunal podría volver a dar vigencia cautelar a límites que habían quedado sin efecto tras la derogación.

La eventual decisión también tendría una derivación política: si la Corte dicta una cautelar favorable a los demandantes y restablece provisoriamente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, el Gobierno podría obtener un beneficio indirecto en medio de su intento de frenar en Diputados el rechazo total del DNU 70/2023. La coincidencia temporal resulta sugestiva, aunque no permite establecer por sí sola una coordinación entre el tribunal y el oficialismo.

El Gobierno reabre el debate por la venta de tierras para intentar contener la ofensiva contra el DNU 70/23

Qué debe resolver la Corte Suprema

El nuevo expediente llegó al máximo tribunal después de que, el 29 de septiembre, la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese apartado derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

En aquella resolución, los jueces consideraron que el CECIM no tenía legitimación para impulsar ese reclamo. Por ese motivo, dejaron sin efecto la sentencia anterior, pero no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La decisión generó cuestionamientos de sectores de la oposición y reavivó la disputa política en torno al decreto. Ante las críticas, la propia Corte difundió una aclaración en la que sostuvo que su fallo se había limitado a una cuestión procesal y que no afectaba otras medidas cautelares en trámite.

El planteo que ahora debe analizar el tribunal busca precisar los efectos de aquella resolución sobre el expediente de Árbol de Pie, cuyo amparo colectivo había sido considerado conexo con la causa del CECIM. En ese marco, la Corte deberá determinar si corresponde devolver el caso a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si existen razones de urgencia para tratarlo directamente.

Para intervenir en el expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes quedaron Jorge Morán y Eduardo Farah.

Reservas de oro: el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones por "error de cálculo", según la AGN

La disputa por la Ley de Tierras también se juega en el Congreso

La definición judicial se produce en medio de una discusión política más amplia sobre el alcance del DNU 70/2023. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con el objetivo de debatir el rechazo del decreto, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024.

En paralelo, el oficialismo busca contener esa ofensiva con una estrategia legislativa propia. La Libertad Avanza impulsa la reactivación del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y analiza incorporar nuevamente disposiciones sobre la compra de tierras rurales por extranjeros, un capítulo que había quedado fuera del texto aprobado por el Senado.

La discusión abre un frente de negociación con los bloques dialoguistas, que esperan una alternativa para regular la adquisición de tierras antes de definir su posición ante la sesión solicitada por la oposición.

En ese escenario, una eventual cautelar de la Corte podría modificar el marco jurídico inmediato, aunque no resolvería necesariamente la controversia de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del decreto.

La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental. La derogación de ese régimen mediante el DNU 70/2023 es el eje de los reclamos judiciales y del debate legislativo que volvió a cobrar impulso en las últimas semanas.