En un nuevo revés judicial, la Cámara Federal de Casación Penal le cerró la puerta en la cara a Máximo y Florencia Kirchner, quienes intentaban frenar el remate de sus bienes para cubrir la multa multimillonaria impuesta tras la condena a seis años de prisión de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad.
La jugada defensiva de los hermanos (acompañada por Sebastián Sánchez, director de las firmas familiares Hotesur y Los Sauces) rebotó directamente en la Sala IV. Los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña decidieron declarar "inadmisibles" los recursos con los que buscaban poner en pausa la ejecución de sus propiedades hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema de fondo.
En pocas palabras, los jueces entendieron que el reclamo no tiene lugar porque no se trata de una sentencia definitiva que impida seguir con el trámite, y le marcaron a la defensa que no lograron demostrar un daño actual que sea imposible de reparar más adelante. Básicamente, les avisaron que el proceso preparatorio para el decomiso sigue su curso legal sin frenos de emergencia.
El argumento central de Máximo y Florencia siempre fue el mismo: intentar blindar su patrimonio alegando que ellos no fueron condenados en el expediente de la obra pública y que los bienes provienen exclusivamente de la sucesión de Néstor Kirchner. Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) como Casación ya les habían bajado esa teoría, recordándoles que el origen de esos fondos es el delito mismo, sin importar a nombre de quién hayan quedado anotadas las propiedades tiempo después.
La Justicia busca cobrarse una cifra astronómica que, actualizada por el índice de inflación, ronda los 685 mil millones de pesos. Para empezar a cubrir ese rojo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pusieron sobre la mesa un primer lote de 111 inmuebles. Pero la mira fiscal va por todo: ya pidieron una segunda barrida que incluye otras 141 propiedades, 46 vehículos y los famosos 5,6 millones de dólares en efectivo que descansaban en la caja de seguridad de Florencia en el Banco Galicia.
Pese a esta dura derrota en Casación, la llave maestra de la subasta todavía la tiene la Corte Suprema de Justicia. Hace cuatro meses que los expedientes duermen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales esperando una resolución definitiva sobre las quejas de la familia. El máximo tribunal ya dio una pista de su dureza en julio, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti avalaron el cálculo inflacionario de la deuda, pero aún falta la luz verde final para ir definitivamente contra las escrituras.
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El derecho de admisión de la Corte
Aún si los jueces le bajan el pulgar hoy mismo a los herederos, el remate no se activará de la noche a la mañana porque falta resolver dos trámites burocráticos clave. Por un lado, el Cuerpo de Peritos Tasadores todavía está recorriendo pasillos y calculando el valor real de mercado de toda la montaña de inmuebles que el Estado pretende confiscar.
Por otro lado, hay un detalle reglamentario no menor: la propia Corte Suprema tiene prioridad absoluta para quedarse con lo que le guste. Según la Acordada 22 aprobada en 2025, el máximo tribunal puede elegir y separar aquellas propiedades que considere útiles para el funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, los inmuebles con estatus VIP no irán a remate, sino que se anexarán directamente al patrimonio estatal para uso oficial.
Recién cuando los peritos le pongan precio a todo y la Corte termine de seleccionar las propiedades que le sirvan, “se verá lo que pasa” con el resto del botín. Para eso, el TOF 2 ya dispuso la creación de una plataforma de subastas online, un sistema digital que pondrá a disposición del mejor postor los restos de los bienes que la familia acumuló durante sus años en el poder.
TC
