Consejo de la Magistratura: en RDI se advirtió por la opacidad y la falta de participación en las denuncias contra jueces
“Una vez que se presenta una denuncia disciplinaria, el denunciante queda excluido completamente del proceso”, indicó la abogada, Clara Inés Lucarella, en Ronda de Investigación (RDI).
La abogada y coordinadora del programa democracia de ACIJ, Clara Inés Lucarella, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y señaló problemas en el trámite de las denuncias disciplinarias contra jueces.
El funcionamiento del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura fue puesto bajo la lupa a partir de un análisis sobre las denuncias contra magistrados. “Los motivos por los cuales se multa o se apercibe son súper diversos. Hay desde cuestiones de maltrato laboral, que se hacen varias denuncias en relación a eso, hay cuestiones vinculadas a demora, hay una sanción por una demora en la sentencia, hay una sanción porque un juez se tomó mal una licencia”, señaló Clara Inés Lucarella.
Sin embargo, la abogada planteó dudas sobre la relación entre la cantidad de denuncias y la respuesta institucional: “La verdad que los casos son super diversos, pero tampoco pareciera que son los casos más graves, y pareciera que no es que todos los jueces funcionan, digo, todas las causas se tramitan rápidamente, y solo uno fue sancionado, o sea, corresponde que solo uno sea sancionado por demora”.
Opacidad y falta de participación de los denunciantes
Uno de los principales cuestionamientos identificados por Lucarella es la falta de acceso a la información sobre los expedientes. El informe al que hizo referencia analiza el funcionamiento del sistema disciplinario y sus niveles de transparencia. “Están también identificados los problemas, que, además del de opacidad, hay otros tres que identificamos”, resaltó.
Entre ellos aparece la participación de quienes presentan las denuncias: “Los otros tres son la falta de participación de los denunciantes, y esto es un punto clave, porque una vez que se presenta una denuncia disciplinaria, el denunciante queda excluido completamente del proceso”.
Lucarella remarcó que esto adquiere especial importancia en casos relacionados con violencia laboral. “Quienes son las personas, por ahí, más interesadas en que un proceso disciplinario se lleve adelante, sobre todo, por ejemplo, quienes presentan denuncias por maltrato laboral o violencia laboral, bueno, es impensable que no puedan formar parte de esos procesos, porque son quienes también tienen pruebas”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.
Cómo se investigan las denuncias contra magistrados
Otro de los puntos señalados por Lucarella es la división entre las comisiones que intervienen en las denuncias: “El otro problema tiene que ver con quiénes terminan investigando las denuncias”.
Según explicó, actualmente existen una Comisión de Disciplina y una Comisión de Acusación, y la asignación de los expedientes puede tener consecuencias sobre la forma en que avanzan. “Entonces, entra una denuncia y hay que definir para qué lado va, digamos, para qué comisión va”, expresó.
Lucarella puso el foco en la presencia de jueces dentro de una de esas estructuras: “En la Comisión de Disciplina la integran los jueces, o sea, hay jueces y juezas que son representantes de los jueces y las juezas en el Consejo de la Magistratura que integran la Comisión de Disciplina y en la Comisión de Acusación no están”.
A partir de ese esquema, planteó una posible explicación sobre el funcionamiento de determinados expedientes: “Cómo avanzan o cómo no avanzan algunas denuncias puede tener que ver con eso también. Con cierta cosa de defensa corporativa”.
Las denuncias que caducan y la falta de respuestas
Lucarella también identificó como problema el destino de las denuncias que terminan caducando sin una resolución sustancial. “El último punto es este, sobre la falta de respuesta de estas denuncias caducadas, que de nuevo no hay una investigación, no hay una respuesta, no hay un cierre, simplemente el paso del tiempo hace que la denuncia caiga”, detalló.
La especialista explicó además que ACIJ intentó conocer los criterios utilizados por los integrantes de las comisiones: “Solicitamos entrevistas con todos los consejeros que integran las comisiones de acusación y disciplina, sólo dos nos respondieron”.
Sobre el criterio para determinar qué comisión debe intervenir, agregó: “Supuestamente debería ser por la gravedad de los hechos”. Y detalló: “Pero eso no está muy regulado, eso está liberado a algún nivel de discrecionalidad dentro del Consejo de la Magistratura que hace que algunos expedientes que deberían ir a una comisión terminen en la otra y así”.
El caso Ariel Lijo y las 41 denuncias
También se abordó el caso del juez federal Ariel Lijo, cuya candidatura a la Corte Suprema fue impulsada durante el gobierno de Javier Milei. Lucarella recordó el análisis realizado por ACIJ sobre sus antecedentes disciplinarios. “Un poco lo que nos preguntan o por lo menos lo que manifestamos es, bueno, esta persona con 41 denuncias, incluso fue, a pesar de la cantidad de denuncias, fue propuesto por el presidente de la Nación, Javier Milei, como candidato a la Corte Suprema”, destacó.
Sobre la impugnación presentada por la organización, explicó: “Nosotros desde ACIJ, cuando fue propuesto Ariel Lijo, lo impugnamos y uno de nuestros puntos de impugnación tenía que ver con la cantidad de procesos disciplinarios”.
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