El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que debió abandonar la vivienda en la que vivió durante siete décadas, generó una fuerte repercusión social y política en España. El caso volvió a poner en primer plano la crisis habitacional, las dificultades para acceder a una vivienda y las diferencias sobre cómo abordar los desalojos.
En una nueva edición de Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el conductor Jorge Elías y el corresponsal en España Marcelo Molina analizaron el impacto del caso, las alternativas que se evalúan para intentar que la mujer regrese a su casa y las tensiones dentro del Gobierno español. También repasaron las propuestas de los distintos sectores políticos y la convocatoria a una movilización en Madrid contra los desalojos.
El testimonio de Maricarmen y el reclamo contra los desalojos
Al comienzo del intercambio, Elías presentó el caso de Maricarmen como uno de los temas que generaron repercusión en España. Molina coincidió en que se trata de una situación que conmueve a la sociedad y presentó un video en el que la mujer agradeció el acompañamiento recibido y reafirmó su intención de continuar con el reclamo por el derecho a la vivienda.
En su mensaje, Maricarmen recordó el vínculo que mantuvo con su hogar durante décadas y sostuvo: "Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla, claro, pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando". También agradeció el respaldo del Sindicato de Inquilinas y de su abogada, Beatriz Duroa, quienes intentaron evitar que tuviera que abandonar el departamento.
Aunque reconoció que no logró conservar su vivienda, la mujer pidió que el reclamo continuara: "No ha podido ser, pero por favor, luchad". Además, convocó a una manifestación en la Puerta del Sol, en Madrid, para reclamar medidas que eviten nuevos casos de este tipo.
Tras escuchar el testimonio, Elías destacó el sentido del mensaje de la mujer, quien planteó que, pese a no haber podido defender su casa, buscó que otras personas aprendieran a luchar por la suya.
La empresa planteó alternativas y el Ayuntamiento analiza una mediación
Molina explicó que, mientras se difundía el video de Maricarmen, la empresa vinculada a la vivienda emitió un comunicado para aclarar que no es propietaria del edificio completo, sino del departamento. Según detalló el corresponsal, la firma sostuvo que había ofrecido a la mujer un alquiler con un valor un 50% inferior al precio de mercado, propuesta que ella no aceptó.
El corresponsal también repasó otros puntos del comunicado: una posible oferta de compra por parte de un pianista británico que no llegó a concretarse y las dificultades de la empresa para responder a las demandas judiciales por un bloqueo de sus servidores. Además, la firma propuso incorporar la vivienda a un programa municipal destinado a recuperar inmuebles vacíos o abandonados para ofrecerlos en alquiler asequible.
Sin embargo, Molina señaló que el Ayuntamiento de Madrid consideró que el departamento no reúne las condiciones para ingresar en ese programa, ya que no está vacío ni deteriorado. También indicó que la iniciativa está orientada a otro tipo de viviendas, por lo que se convocó a los propietarios y a mediadores municipales para explorar una alternativa.
Según lo expuesto por el corresponsal, la reunión prevista para el lunes 28 a las 16 contempla el programa Reviva, que busca facilitar acuerdos entre propietarios e inquilinos. La propuesta apunta a evaluar si Maricarmen puede regresar a su vivienda con un alquiler equivalente al 40% de su renta.
Las diferencias dentro del Gobierno español por la política de vivienda
Molina advirtió que el caso también profundizó las diferencias entre los sectores que integran el Gobierno español. Según explicó, Sumar reclama la expropiación inmediata de la vivienda para que Maricarmen pueda recuperarla, una alternativa que el ministro Félix Bolaños rechazó.
En paralelo, el corresponsal señaló que el Gobierno mantiene negociaciones con Junts, que plantea permitir los desalojos de pequeños propietarios en determinadas circunstancias y establecer incentivos para quienes ponen sus viviendas en alquiler. Esa postura entra en tensión con la posición de Sumar, que rechaza ese tipo de medidas.
Elías y Molina coincidieron en que las diferencias reflejan las dificultades para alcanzar una política común sobre el acceso a la vivienda, la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios. El caso de Maricarmen se convirtió así en un punto de discusión dentro de la coalición de Gobierno.
El debate por la utilización política del caso
Molina también repasó las críticas de sectores de la derecha, que cuestionaron la utilización política del caso y lo compararon con el de otra mujer mayor desalojada en Cataluña, que murió por suicidio cinco meses después, según lo mencionado durante el intercambio. La comparación apuntó a señalar diferencias en la repercusión pública y en las convocatorias de protesta vinculadas a ambos episodios.
Durante el diálogo, Elías planteó que la vivienda de Maricarmen está ubicada en una zona de alto valor inmobiliario de Madrid, en el barrio de El Retiro, cerca de Salamanca. Sin embargo, también remarcó que la mujer había pagado el alquiler durante años y que percibía una jubilación de 1.400 euros, de los cuales destinaba 400 al pago del departamento.
