Capitanich rechazó su procesamiento: “La causa es un invento de principio a fin”

A pocos días de haber sido procesado en la causa que investiga la adjudicación de tierras fiscales en el departamento Almirante Brown, el senador nacional y exgobernador del Chaco Jorge Capitanich rechazó las acusaciones y aseguró que recurrirá la decisión ante una instancia superior.

En una entrevista con Perfil NEA, el dirigente peronista calificó la investigación como una construcción de naturaleza política, defendió la legalidad de los decretos firmados durante su gestión y afirmó que las decisiones del Poder Ejecutivo fueron precedidas por expedientes administrativos y controles de distintos organismos provinciales.

“La causa es un invento desde la primera página hasta la última”, sostuvo Capitanich, quien consideró que la imputación es “absolutamente infundada, incongruente e inconsistente”.

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El procesamiento y la acusación por las tierras fiscales

El juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, procesó a Capitanich como presunto coautor de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

La medida también alcanzó a la exministra Marta Soneira y a los empresarios Federico Storti, Leandro Bessone, Mauricio Cian y Nelson Pochón. El magistrado, en cambio, dictó la falta de mérito para Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización, y Darío Giménez. 

La hipótesis judicial sostiene que Capitanich intervino mediante la firma de decretos que ratificaron adjudicaciones de tierras a empresarios relacionados comercialmente con Cian, pareja de Soneira. Entre los elementos cuestionados aparecen dos lotes de 1.250 hectáreas valuados en aproximadamente 50 dólares por hectárea y otro campo de 623 hectáreas a alrededor de 119 dólares por hectárea.

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Qué respondió sobre los valores de las hectáreas

Consultado por Perfil sobre los montos considerados “irrisorios” por la acusación, Capitanich respondió que los precios no eran determinados directamente por el gobernador, sino mediante resoluciones y metodologías propias del Instituto de Colonización.

“El valor lo fija por resolución el Instituto de Colonización todo el tiempo. La correspondencia respecto del valor final del inmueble se va ajustando con un criterio metodológico que aplica el mismo Instituto”, explicó.

El exmandatario provincial también diferenció la adjudicación en venta de la transferencia definitiva del dominio. Según argumentó, el primero es un paso dentro de un procedimiento más amplio que contempla la ocupación del inmueble, las mejoras realizadas y el cumplimiento de distintas condiciones por parte del adjudicatario.

“La adjudicación en venta significa que no hay transferencia de titularidad de dominio. Es un proceso que forma parte de la ocupación, las mejoras y el cumplimiento de las condiciones”, afirmó.

Remarcó, además, que algunos de los trámites examinados tienen antecedentes administrativos iniciados durante las décadas de 1990 y 2000. Bajo ese argumento, sostuvo que su intervención estuvo limitada a convalidar actuaciones que ya habían atravesado diferentes áreas técnicas y jurídicas.

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Negó conocer una relación entre los empresarios y Soneira

Otro de los puntos consultados fue el vínculo entre los empresarios beneficiados y la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira. La acusación sostiene que los adjudicatarios mantenían relaciones comerciales con Mauricio Cian, pareja de la exfuncionaria.

Capitanich aseguró que no tenía conocimiento de acuerdos o relaciones que pudieran representar un conflicto de intereses. “La verdad es que no tenía por qué saber si existía o no algún tipo de acuerdo”, manifestó.

Para el senador, el aspecto central era determinar si los expedientes habían respetado el procedimiento administrativo correspondiente. “Lo importante es que exista un procedimiento y que ese procedimiento se respete”, agregó.

La resolución judicial, sin embargo, consideró que los vínculos comerciales entre los beneficiarios y Cian constituían, en esta etapa inicial, indicios suficientes para mantener la hipótesis de un acuerdo destinado a obtener tierras fiscales mediante la intervención de funcionarios públicos.

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“Hay un tratamiento dispar”

Capitanich cuestionó especialmente la falta de mérito otorgada a Sheina Waicman, quien presidió el Instituto de Colonización y firmó las resoluciones que luego fueron ratificadas mediante decretos del Poder Ejecutivo. “Existe un tratamiento dispar para quien firma el expediente y para quien lo convalida”, expresó el exgobernador. Para su defensa, esa diferencia revela una “incongruencia manifiesta” en la valoración de las responsabilidades.

El dirigente sostuvo que un gobernador no elabora personalmente los expedientes ni establece los valores de las tierras. Explicó que, antes de la emisión de un decreto, intervienen organismos como la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, además de las áreas técnicas correspondientes.

“La legalidad y la legitimidad de un acto administrativo del Estado se presumen correctas”, señaló. También recordó que las decisiones gubernamentales están sometidas a controles administrativos, legislativos y políticos.

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La discusión sobre la competencia federal

El senador anticipó que uno de los planteos de la apelación estará relacionado con la competencia del juzgado federal. Según su postura, los eventuales incumplimientos de funcionarios provinciales deberían ser analizados por la Justicia ordinaria del Chaco.

El propio juez Carbajal señaló en su resolución que la intervención federal se había sostenido inicialmente por la investigación del presunto delito de lavado de activos y su conexión con el resto de los hechos. Sin embargo, al descartar esa calificación, difirió una eventual remisión integral del expediente a la Justicia provincial hasta que la decisión quede firme o sea revisada por la Cámara.

Capitanich comparó la situación con la causa Fútbol para Todos, en la que fue sobreseído después de varios años de investigación. “Tuve 11 años hasta que un tribunal, por unanimidad y de un modo contundente, planteó la nulidad de la acusación por inconsistencias e incongruencias manifiestas”, recordó.

Finalmente, aseguró conocer el origen de la denuncia y afirmó que detrás del expediente existió una “operación de inteligencia”, aunque evitó identificar públicamente a sus presuntos responsables. “Sé cómo fue y quién la promovió, pero me lo voy a guardar. Tiempo al tiempo”, concluyó.