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El ex secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá fue condenado por enriquecimiento ilícito y le decomisan bienes por US$400.000

Ramón Eduardo Ocampo fue condenado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles tras aceptar un juicio abreviado. La Justicia dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El Tribunal homologó el acuerdo y condenó a Ocampo a 3 años de prisión efectiva. Foto: Archivo.

El Tribunal de Juicio de Mercedes dictó sentencia condenatoria contra el ex secretario de Obras Públicas de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, Ramón Eduardo Ocampo, por los delitos de Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito en concurso real.

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La condena fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado pleno promovido por el Fiscal Subrogante, doctor Oscar Cañete, y la Defensa Oficial, que Ocampo aceptó de manera clara y expresa.

Condena y decomiso de bienes

El Tribunal homologó el acuerdo y condenó a Ocampo a:

  • Tres años de prisión (de cumplimiento efectivo, aunque se le otorgó la libertad condicional por el tiempo de prisión preventiva cumplido entre 2017 y 2019).

  • Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

  • Decomiso en favor de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá de un complejo de 15 departamentos y un vehículo, valuados en más de US$400.000.

Además, el decomiso incluye el total del monto de alquileres percibidos por Ocampo desde el embargo a la fecha, de locales ubicados en cercanía al complejo de departamentos.

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Detalles del enriquecimiento Ilícito

La causa se inició en 2017 a partir de una intimación de la Fiscalía de Instrucción, que solicitó a Ocampo justificar un enriquecimiento patrimonial apreciable que excedía "sobradamente los ingresos con los que contaba".

El Ministerio Público Fiscal acreditó que, como funcionario, Ocampo simuló la propiedad de bienes adquiridos por él, haciéndolos pasar como de su pareja (actualmente sobreseída por prescripción).

El plan incluyó la transferencia del complejo de 15 departamentos, operación que quedó registrada en un contradocumento firmado por ambos. El funcionario, en su carácter oficial, incluso llegó a aprobar los planos y la liquidación municipal del trámite sin excusarse.

El complejo probatorio reunido incluyó la participación de la Policía Federal Argentina, peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia y peritos tasadores.