Escándalo en Chaco: investigan la venta ilegal de leche que el Estado debía repartir

En Chaco se activó una investigación judicial que pone en la mira al sistema de asistencia social tras detectarse la venta ilegal de leche en polvo destinada a personas celíacas, un producto que forma parte de programas oficiales y cuya comercialización está prohibida.

El caso, que está a cargo de la Fiscalía de Investigación N° 6, conducida por Mariana Echarri, ya derivó en el secuestro de 217 cajas de leche en polvo en allanamientos realizados en supermercados de Resistencia. A ese número se suman otras 48 cajas incautadas previamente el 25 de marzo, lo que eleva el total a 265 unidades recuperadas en el marco de la causa.

Según confirmó la fiscal, el expediente se inició el 26 de marzo tras una presentación del Ministerio de Desarrollo Humano, que alertó sobre la venta de estos productos en redes sociales, pese a tratarse de mercadería de distribución gratuita. Sin embargo, las primeras denuncias iniciaron dias antes por redes sociales, es decir el escándalo tomó estado público por la advertencia de usuarios en Facebook. 

A partir de esa denuncia, intervino la División Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas, que logró ubicar dos supermercados sobre avenida Chaco donde se ofrecía la leche. Con esos datos, la Fiscalía solicitó allanamientos que se concretaron con resultados positivos. “Secuestramos alrededor de 217 cajas de leche en polvo”, detalló Echarri.

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Una red bajo sospecha

El foco de la investigación está puesto ahora en reconstruir cómo productos destinados a sectores vulnerables terminaron en el circuito comercial. “Estamos tratando de determinar las responsabilidades individuales en esta cadena de comercialización”, explicó la fiscal.

Por el momento, no hay detenidos, aunque sí personas notificadas, principalmente vinculadas a los comercios donde se halló la mercadería. No obstante, la Justicia no descarta avanzar sobre otros eslabones, como proveedores o intermediarios.

Uno de los puntos clave es determinar si los comerciantes conocían el origen ilegal de los productos. Según indicó Echarri, podría tratarse de compradores de buena fe, ya que la leche contaba con número de lote e inventario, pero no con una identificación visible de “prohibida su venta”. “Eso podía prestarse a confusión”, explicó la fiscal, quien consideró que por ahora es prematuro adoptar medidas más gravosas y priorizó la toma de testimonios.

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La funcionaria judicial fue contundente al referirse a la magnitud del hecho: “Es grave porque se trata de alimentos destinados a sectores vulnerables”, sostuvo. En ese sentido, destacó la rapidez del operativo: “En menos de 72 horas logramos recuperar una cantidad importante de leche”. La causa se encuentra en una etapa preliminar, con múltiples líneas de investigación abiertas.

El rol del Estado y las hipótesis en análisis

Desde la Fiscalía confirmaron que trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, que también inició una investigación administrativa interna. Entre las hipótesis que se analizan, no se descarta que la mercadería haya sido sustraída de depósitos estatales, aunque esto aún no fue corroborado.

“Estamos evaluando toda la cadena, incluido el traslado de la mercadería y quiénes la proveían a los comercios”, indicó Echarri.

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Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el valor al que se comercializaban los productos. “Se vendía a un precio muy bajo en comparación con otras marcas, lo que generaba una salida rápida”, explicó la fiscal. Mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, la Justicia no descarta nuevos allanamientos ni imputaciones en los próximos días.