Facturas truchas: condenaron a 10 años a Pasko y Ayala por asociación ilícita y lavado

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este lunes a Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala a 10 años de prisión por su responsabilidad como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal y por lavado de activos, en el juicio conocido como la causa de las “facturas truchas”.

El veredicto alcanzó a los once imputados que llegaron a juicio y dejó como tercera pena más elevada la de María José Reinau, esposa de Ayala, quien recibió siete años de cárcel como integrante de la organización y autora de lavado de activos.

La decisión fue conocida después de meses de debate oral en los que se reconstruyó una compleja estructura dedicada, según la acusación, a generar facturación apócrifa, utilizar personas y entidades interpuestas, reducir obligaciones tributarias y canalizar fondos de origen ilícito hacia bienes y operaciones de apariencia legal.

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Para Pasko y Ayala, las condenas finalmente quedaron seis años por debajo de los 16 años de prisión que había solicitado el fiscal federal Federico Carniel durante su alegato. Para Reinau, el Ministerio Público había requerido una pena de 11 años.

Pasko y Ayala, condenados como jefes de la organización

El Tribunal consideró a Walter Pasko penalmente responsable de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador, en concurso real con lavado de activos como autor, y le impuso 10 años de prisión. La misma pena y calificación recibió Fernando Ayala, a quien la acusación había situado durante todo el debate como otra de las piezas centrales de la estructura.

La Fiscalía había resumido la relación entre ambos con una definición contundente: una organización con “dos cabezas y una sola lógica”. Según Carniel, Ayala aportaba vínculos con programas estatales, funcionarios y organizaciones beneficiarias, mientras que Pasko manejaba estructuras comerciales, personas jurídicas y documentación utilizada para respaldar las operaciones investigadas.

A María José Reinau, en tanto, el Tribunal la encontró culpable como integrante de la asociación ilícita fiscal y autora de lavado de activos y la condenó a siete años de prisión.

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Las once condenas de la causa “facturas truchas”

Además de las penas impuestas a los tres principales acusados, el Tribunal resolvió:

Walter Pasko: 10 años de prisión por asociación ilícita fiscal como jefe y organizador, en concurso real con lavado de activos como autor.

Fernando Ayala: 10 años de prisión por asociación ilícita fiscal como jefe y organizador, en concurso real con lavado de activos como autor.

María José Reinau: siete años de prisión como integrante de la asociación ilícita fiscal, en concurso real con lavado de activos como autora.

Diana Yael Daniel: seis años de prisión como coautora penalmente responsable de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

María Belén Reinau: cinco años y seis meses de prisión como coautora de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Edith Marisel Ayala: cinco años de prisión como coautora de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Álvaro Iván Pasko: cuatro años y seis meses de prisión como coautor de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Jorge Pasko: cuatro años y seis meses de prisión como autor de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Ariel Ramón Acevedo: cuatro años de prisión como coautor de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Osvaldo Ramón Godoy: cuatro años de prisión como coautor de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

Juana Elsa Brahim: tres años y seis meses de prisión como coautora de asociación ilícita fiscal en calidad de integrante.

De esta manera, todos los acusados fueron declarados culpables, aunque con diferentes grados de participación y penas.

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Cómo funcionaba la trama de las facturas apócrifas

La investigación comenzó a tomar volumen a partir de contribuyentes que denunciaron la existencia de facturas emitidas con sus datos fiscales por operaciones que aseguraban no haber realizado.

A partir de allí, los investigadores reconstruyeron una estructura que habría utilizado CUIT, claves fiscales, sociedades, cooperativas y fundaciones para emitir comprobantes correspondientes a operaciones inexistentes.

Durante el juicio se expusieron casos de entidades que, pese a facturar servicios por cifras millonarias, prácticamente no contaban con empleados, bienes, compras ni una estructura económica compatible con semejante nivel de actividad. Parte de esas operaciones estuvo vinculada con organismos estatales, entre ellos el entonces Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

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Uno de los ejes centrales del expediente fue, precisamente, el recorrido de cientos de millones de pesos provenientes de programas públicos vinculados con agricultura familiar, economía popular, viviendas, obras e infraestructura, fondos originalmente destinados a sectores vulnerables.

Durante su alegato, Carniel sintetizó el mecanismo atribuido a la organización con una frase: “Si querés producir dinero negro, rompé una factura o reducila; y si querés blanquearlo, inventala”. “Es justamente lo que pasó acá. Es la síntesis perfecta del modus operandi”, había afirmado.

Los videos del departamento de Ayala y el crecimiento patrimonial

El juicio también tuvo como uno de sus momentos centrales la exhibición de videos obtenidos de las cámaras de seguridad del departamento de Fernando Ayala. En una de las secuencias apareció Mauro Andión, entonces presidente del IAFEP. La Fiscalía remarcó durante el debate que el exfuncionario tenía responsabilidades dentro del circuito administrativo del organismo y participación en controles previos a determinadas órdenes de pago.

Carniel aclaró entonces que la sola presencia de Andión en el departamento no representaba por sí misma una prueba suficiente de un delito, aunque pidió que fuera analizada como un indicio junto con el resto de la evidencia.

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Otras grabaciones mostraron a Ayala y Reinau manipulando y contando importantes cantidades de dinero en efectivo. Según la acusación, algunos de esos registros coincidían temporalmente con transferencias realizadas a entidades investigadas y posteriores extracciones bancarias.

El Ministerio Público incorporó además al análisis movimientos de cuentas, transferencias provenientes del Estado, facturas, sociedades y fundaciones, compra de bienes y el crecimiento patrimonial atribuido a algunos de los acusados.

La Fiscalía había pedido 16 años para Pasko y Ayala

En agosto, al formular su pedido de pena, el fiscal Federico Carniel había solicitado 16 años de prisión para Walter Pasko y Fernando Ayala. Para Pasko había reclamado diez años por su papel como jefe y organizador de la asociación ilícita fiscal y siete por lavado de activos. Al aplicar las reglas del concurso real, pidió una pena única de 16 años.

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En el caso de Ayala, solicitó diez años por la asociación ilícita y ocho por lavado, también con un requerimiento final de 16 años de cárcel.

Para María José Reinau, la Fiscalía había pedido 11 años, mientras que reclamó penas menores para el resto de los acusados. En el caso de Juana Elsa Brahim, Carniel había solicitado la absolución por el beneficio de la duda. Las defensas, por su parte, cuestionaron a lo largo del debate la existencia de una organización criminal, la atribución individual de responsabilidades y la posibilidad de acreditar el origen ilícito de los bienes vinculados al tramo de lavado.