El Gobierno de Chaco aplicó la máxima sanción administrativa a cuatro exagentes del Ministerio de Educación involucrados en una maniobra que permitió pagar 79 supuestas obras y tareas de mantenimiento en escuelas que, según la investigación, nunca fueron ejecutadas.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 2049/2026, firmado el 3 de septiembre por el gobernador Leandro Zdero, y alcanza a Ubaldo Fabián Núñez, María Isabel Torres, Alcides Arístides Bernal y Mauro Ariel Kalbermatten.
Kalbermatten era el único que continuaba en actividad y fue directamente exonerado de la Administración Pública. En el caso de los otros tres, que ya no se encontraban en funciones, el Ejecutivo ordenó dejar asentado en sus legajos que les hubiera correspondido la misma sanción.
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Obras que figuraban en los papeles, pero no existían
La maniobra comenzó a quedar expuesta cuando autoridades de diferentes establecimientos educativos desconocieron trabajos, firmas y sellos que aparecían en la documentación utilizada para justificar los pagos.
Directivos de la UEP N°56 y la EEP N°850 de El Sauzalito aseguraron que las obras consignadas en los expedientes no habían sido realizadas por el Ministerio de Educación. Una situación similar fue denunciada desde la EEP N°961.
En ese último establecimiento, su director declaró que las reparaciones reales habían sido financiadas por la comunidad educativa, padrinos de la escuela y la Municipalidad de Miraflores. También señaló que el monto que aparecía como supuestamente invertido por el Estado equivalía a unos cinco meses del presupuesto destinado al comedor escolar.
Las pericias incorporadas al expediente detectaron además firmas apócrifas atribuidas a funcionarios, sellos que no coincidían con los oficiales y similitudes de escritura entre presupuestos, facturas y otros documentos administrativos.
Un circuito administrativo por fuera del sistema
El sumario describió la existencia de un “mecanismo organizado y reiterado para defraudar al Estado” mediante la simulación de refacciones, trabajos de limpieza, desmalezamiento e instalaciones eléctricas o sanitarias.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el trámite habitual habría sido reemplazado por un circuito paralelo: se utilizaban expedientes que no figuraban registrados en el sistema formal del Ministerio y posteriormente se generaban órdenes de compra y de pago en el Sistema de Administración Financiera y Control.
La investigación identificó 79 órdenes de pago asociadas a trabajos que, según las actuaciones administrativas y judiciales, no fueron realizados.
También se estableció que se utilizaron proformas, facturas, disposiciones ministeriales y actas de conformidad falsas, con firmas atribuidas a proveedores, directores de escuelas, funcionarios e inspectores.
Según el decreto, las pericias vincularon la confección de parte de esa documentación con Mauro Kalbermatten, empleado del Ministerio que además mantenía relaciones familiares con proveedoras que aparecían en algunas de las contrataciones.
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Qué rol le atribuyeron a cada involucrado
El expediente reconstruyó además la intervención administrativa de los restantes exfuncionarios. A Núñez, que se desempeñaba como director de Administración, se le atribuyó la autorización del avance de expedientes irregulares. Torres, desde el área de Contrataciones, intervenía en las órdenes de compra, mientras que Bernal, al frente del Departamento Contable, emitía y suscribía órdenes de pago.
Para la administración provincial, esas intervenciones permitieron que se liberaran fondos públicos pese a que las contrataciones no contaban con respaldo real.
El cierre del sumario administrativo se produjo después de que la Justicia penal dictara condenas por los mismos hechos. Núñez, Bernal y Torres fueron condenados a dos años de prisión condicional, mientras que Kalbermatten recibió una pena de tres años de ejecución condicional.
Entre los delitos mencionados en las actuaciones aparecen fraude contra la Administración Pública, falsificación y uso de instrumento público falso y violación de los deberes de funcionario público.
En el caso de Kalbermatten, la sentencia incluyó falsificación de instrumento público, uso de documento público falso y fraude contra la Administración Pública en 79 hechos, además de otros episodios vinculados con documentación falsa.
El daño económico fue calculado inicialmente en $5.243.717, cifra correspondiente al valor original de las erogaciones cuestionadas. El Ejecutivo dispuso ahora que ese monto sea actualizado con índices financieros e intereses y estableció que los cuatro involucrados deberán responder solidariamente por el perjuicio. Además, autorizó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para procurar el recupero del dinero.
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