Facturas truchas: la Cámara Federal ratificó la atención médica extramuros de Fernando Ayala

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la orden judicial que dispuso el traslado de Fernando Adrián Ayala al Hospital Perrando para su evaluación y atención médica fuera del ámbito penitenciario. La decisión dejó firme el fallo de primera instancia que hizo lugar a un hábeas corpus por considerar que el estado de salud del interno implicaba un agravamiento de las condiciones de detención.

Ayala se encuentra alojado en la Prisión Regional del Norte N° 7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El tribunal rechazó el recurso presentado por el organismo penitenciario y sostuvo que, ante la eventual afectación de un derecho fundamental, las objeciones procesales no pueden impedir una respuesta urgente del Poder Judicial.

La resolución fue adoptada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, quienes remarcaron que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad cuenta con jerarquía constitucional y convencional, lo que habilita la intervención judicial cuando existe riesgo cierto para su integridad.

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Los argumentos del SPF y el criterio del tribunal

En su apelación, el SPF había cuestionado la medida por la falta de una audiencia prevista en la ley de hábeas corpus, sostuvo que Ayala recibía atención médica dentro de la unidad y advirtió una presunta sustitución del criterio sanitario por el judicial. La Cámara desestimó esos planteos y señaló que la tutela efectiva de derechos no puede quedar supeditada a formalismos cuando se verifica una situación de urgencia.

Durante la tramitación del recurso, el tribunal recibió un informe médico de la Unidad 7 que confirmó el traslado de Ayala al Hospital Perrando el 22 de enero, donde fue evaluado por profesionales, se le practicaron estudios de laboratorio —entre ellos serología VDRL, con resultado no reactivo— y se indicaron interconsultas con Infectología y Urología. Para los jueces, ese cuadro corroboró que la vía judicial fue idónea y eficaz para garantizar la atención requerida, sin invadir competencias propias de la administración penitenciaria.

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Ayala está procesado en una investigación federal por presuntas maniobras de facturación apócrifa, asociación ilícita y lavado de activos, en un expediente que indaga el supuesto desvío de fondos públicos mediante cooperativas y fundaciones señaladas como ficticias. La pesquisa, que incluye el análisis de movimientos millonarios, bienes de alto valor y viajes al exterior, es llevada adelante por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini.