El interbloque opositor Frente Chaqueño ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone una recomposición salarial del 21,2% para el sector docente y la restitución obligatoria, automática e indelegable de la denominada “cláusula gatillo” a partir del 1 de enero de 2026, tanto para trabajadores activos como jubilados.
La iniciativa fue presentada en un contexto de fuerte disputa política y judicial en torno a la actualización salarial docente, luego de que la Procuración General recomendara anular el fallo que había ordenado restablecer la cláusula gatillo por vía judicial, al considerar que la fijación de salarios requiere una ley formal.
Qué establece el proyecto
En su Artículo 1°, el proyecto dispone un aumento remunerativo y bonificable del 21,2% para el personal docente, activos y pasivos, como recomposición por la pérdida de tres trimestres del año 2025, período en el que no se aplicó la actualización automática de haberes.
La Procuración cuestionó el fallo que ordenó reactivar la cláusula gatillo docente
A su vez, el Artículo 2° establece que, desde el 1 de enero de 2026, la cláusula gatillo deberá pagarse con carácter obligatorio e indelegable, aplicándose de manera automática y trimestral, con participación obligatoria de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, para todo el personal comprendido en el Escalafón Docente (Ley 647-E).
El Artículo 3° fija que la actualización se realizará al Valor Índice Uno (1) y conforme a la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región NEA, publicado por el INDEC u organismo que lo reemplace. El proyecto aclara además que la aplicación de la cláusula gatillo no sustituye las paritarias ni exime al Poder Ejecutivo de otorgar otros aumentos salariales, y dispone que el gasto sea imputado al Ministerio de Educación.
Los fundamentos: salario, legalidad y poder adquisitivo
En los fundamentos, los autores sostienen que la iniciativa busca restituir la pérdida de ingresos sufrida por el sector docente y consolidar con rango legal un mecanismo que, afirman, ya fue aplicado por el propio Estado provincial en años anteriores. “El objetivo de la cláusula gatillo no es otorgar un beneficio extraordinario ni discrecional, sino preservar el poder adquisitivo de los haberes docentes, asegurando previsibilidad, estabilidad y dignidad salarial”, señala el texto.
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Los legisladores advierten que la interrupción del mecanismo durante 2025, sin derogación expresa ni instancia paritaria, vulneró el principio de legalidad y afectó derechos adquiridos, tanto salariales como previsionales. También remarcan que la actualización por IPC NEA garantiza objetividad y neutralidad técnica, evitando discrecionalidades.
En el tramo final, el proyecto vincula la defensa del salario docente con el impacto económico provincial, al sostener que una recomposición salarial fortalece el consumo interno, la actividad comercial y el empleo local, y lo encuadra como una decisión de justicia social y responsabilidad institucional.
El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Rubén Guillón, Santiago Pérez Pons, Atlanto Honcheruk, Sebastián Benítez Molas, Silvana Ayala, Rodolfo Schwartz, Josefina González, Nicolás Slimel, María Pia Chiacchio Cavana, María Luisa Chomiak, Analía Flores, Luciano Moser, Katia Blanc, Tere Cubells y Lucas Damián Nass, entre otros integrantes de los bloques Justicialista, Primero Chaco y aliados del Frente Chaqueño.
El rechazo del Gobierno: “Un cheque sin fondos”
La iniciativa fue rechazada de plano por el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, quien calificó el proyecto como “inconstitucional” y lo comparó con “dar un cheque sin fondos”.
“El presupuesto aprobado por esos mismos diputados no tenía incluido ese 21,2% de recuperación salarial”, afirmó el funcionario, al advertir que toda ley que autoriza un gasto debe indicar la fuente de financiamiento, tal como exige la Constitución provincial.
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Abraam sostuvo que imputar el gasto a una partida presupuestaria no equivale a financiarlo, y acusó a la oposición de oportunismo político. También señaló que, durante gestiones peronistas, la cláusula gatillo “no se aplicó de manera sistemática” y que los aumentos salariales estuvieron por debajo de la inflación.
En defensa de la política oficial, el ministro afirmó que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 los salarios docentes aumentaron un 262%, frente a una inflación acumulada del 186,4%, y explicó que el Presupuesto 2026 fue elaborado con una previsión de inflación anual del 10,1%, en línea con los cálculos nacionales.
La respuesta de la oposición
Desde el Frente Chaqueño, uno de los impulsores del proyecto y ex ministro de Economía en la gestión de Jorge Capitanich, Santiago Pérez Pons, respondió a las críticas del Ejecutivo y sostuvo que el debate no es técnico sino político. “No estamos discutiendo un cheque sin fondos, estamos discutiendo quién paga el ajuste”, afirmaron, al advertir que si la inflación proyectada ronda entre 22% y 25% y los salarios suben solo 10%, la pérdida del poder adquisitivo recae sobre los trabajadores.
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En ese sentido, cuestionaron que el Gobierno utilice el equilibrio fiscal como argumento para ajustar salarios y remarcaron que el Estado define prioridades en la asignación de recursos.
El telón de fondo judicial
El debate legislativo se da mientras el Superior Tribunal de Justicia analiza el futuro de la cláusula gatillo por vía judicial, luego de que el procurador general Jorge Canteros dictaminara a favor de anular el fallo que había ordenado restablecerla.
Canteros consideró arbitraria la sentencia por no analizar la vigencia de la Ley 724-A, que establece que las escalas salariales del sector público solo pueden modificarse por ley formal, y recomendó reenviar la causa para un nuevo pronunciamiento.
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