Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Chaco

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y advertencias sobre una posible judicialización. En ese escenario, la representación de Chaco no fue la excepción: los legisladores votaron en línea con sus bloques y evidenciaron una clara división.

El oficialismo y sus aliados respaldaron el proyecto que, según la Casa Rosada, busca “dar seguridad jurídica” y permitir el desarrollo de actividades productivas bajo control técnico-científico, mientras que la oposición cuestionó el impacto ambiental de la iniciativa y advirtió sobre riesgos en las reservas hídricas.

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Cómo votaron los diputados de Chaco

En el reparto de votos, los representantes chaqueños quedaron divididos en dos bloques bien definidos.

A favor de la reforma:

• Guillermo César Aguero (UCR)
• Gerardo Cipolini (UCR)
• Carlos García (La Libertad Avanza)
• Rosario Goitia (La Libertad Avanza)

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En contra del proyecto:

• Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria)
• Sergio Dolce (Unión por la Patria)
• Aldo Leiva (Unión por la Patria)

Un debate que excede lo técnico

La votación dejó en evidencia no solo diferencias políticas, sino también dos miradas contrapuestas sobre el modelo de desarrollo. Desde el oficialismo sostienen que la reforma corrige “distorsiones” de la ley original y permite compatibilizar la protección ambiental con la actividad minera.

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En cambio, desde la oposición advierten que los cambios podrían debilitar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, clave para el equilibrio hídrico del país.

Tras la aprobación, el Gobierno nacional celebró la medida y aseguró que la nueva normativa permitirá avanzar hacia un “federalismo ambiental”, en el que las provincias tengan mayor injerencia sobre sus recursos naturales.

El nivel de confrontación que rodeó la sesión anticipa un escenario de conflictividad judicial. Organizaciones ambientalistas y sectores políticos ya anticiparon cuestionamientos, lo que podría trasladar la discusión a los tribunales.