Narcopolicías: liberaron a un agente y apuntan al presunto “organizador” del desvío de cocaína

La investigación federal por el presunto desvío de cocaína durante una quema oficial de droga en Chaco sumó este jueves un giro relevante: mientras uno de los policías imputados recuperó la libertad por falta de pruebas, la Fiscalía endureció la acusación contra otro efectivo, a quien ahora señala como presunto organizador de la estructura que habría intentado reinsertar estupefacientes en el circuito narco.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada ante la jueza federal Zunilda Niremperger, en el marco de la ampliación del objeto de investigación preparatoria en una de las causas más delicadas que atraviesa actualmente a la Policía del Chaco.

Un policía quedó desvinculado de la causa

El principal cambio procesal se produjo con la situación de Lucas Exequiel Martínez. A pedido de la Fiscalía, la magistrada dictó su sobreseimiento parcial y definitivo y ordenó su inmediata liberación. Según sostuvo Niremperger durante la audiencia, la prueba reunida hasta el momento no permitió acreditar que el efectivo hubiera tenido participación en los hechos investigados.

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La resolución impactó de lleno en una causa que investiga una presunta maniobra para sustraer droga secuestrada judicialmente durante un operativo oficial de destrucción de estupefacientes y posteriormente volver a introducirla en el mercado ilegal.

La situación de César Alegre se agravó

En paralelo, la situación judicial de César Alegre quedó significativamente más comprometida. La Fiscalía pidió reformular la imputación y dejó de ubicarlo como un partícipe secundario para considerarlo presunto “organizador de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Se trata de una figura más severa contemplada en la Ley 23.737 y que implica un escalón superior dentro de la hipótesis acusatoria que analiza la Justicia Federal.

Hasta ahora, el expediente sostenía que los efectivos habrían intervenido en una maniobra de apropiación o desvío de droga durante una quema oficial. Sin embargo, la nueva postura fiscal coloca a Alegre como una pieza central dentro de la presunta estructura criminal. El resto de los imputados continuará acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de varios involucrados y por su condición de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado.

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“La droga no se vende en cualquier lugar”

Durante la audiencia, la jueza rechazó todos los pedidos de prisión domiciliaria formulados por las defensas y ratificó las prisiones preventivas de los policías detenidos.

Entre los efectivos que seguirán presos se encuentran Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Gustavo Andrés Quisama y Gastón Ezequiel Villalba.

Al fundamentar su decisión, Niremperger remarcó la gravedad institucional del caso y advirtió sobre los riesgos procesales que aún persisten, tanto por la expectativa de pena como por el conocimiento que los acusados tendrían sobre el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.

En uno de los tramos más duros de su exposición, la magistrada vinculó la maniobra investigada con circuitos de criminalidad organizada.

“La droga no se vende en cualquier lugar ni es posible introducirla sin la colaboración de un mundo que se encarga de este tipo de delincuencia organizada”, sostuvo.

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Además, consideró que la investigación continúa en una etapa sensible y que todavía podrían aparecer nuevos implicados o medidas probatorias relevantes.

La investigación seguirá hasta julio

Las defensas habían solicitado arrestos domiciliarios y morigeraciones de las condiciones de detención. En el caso de Urne Canteros, por ejemplo, argumentaron problemas psicológicos que atravesarían sus hijos menores tras la detención.

No obstante, la jueza recordó que esa situación ya había sido analizada anteriormente e incluso confirmada por la Cámara Federal al rechazar beneficios similares.

Finalmente, la magistrada concedió una prórroga de la investigación hasta el 7 de julio de 2026, período durante el cual la Fiscalía continuará profundizando la reconstrucción de la presunta maniobra que expone posibles vínculos entre efectivos policiales, droga secuestrada oficialmente y redes narco externas a la fuerza.