Pidieron 13 años de prisión para un dirigente piquetero de Chaco acusado de desviar fondos públicos

En el tramo final del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, la fiscalía avanzó con sus alegatos y solicitó penas de hasta 13 años de prisión para el dirigente social Ramón “Tito” López y su esposa, además de 12 años para sus hijos, al considerarlos responsables de un esquema de lavado de activos agravado.

El fiscal general federal Federico Carniel sostuvo que los acusados actuaron como coautores en el marco de una asociación ilícita, y requirió además multas equivalentes al doble del dinero involucrado y el decomiso de los bienes vinculados a las maniobras investigadas.

Un entramado para desviar fondos públicos

Durante su exposición, Carniel reconstruyó lo que definió como una organización destinada a sustraer recursos del Estado, utilizando fundaciones y cooperativas como canales de captación de dinero que —según la acusación— no fue destinado a los fines declarados.

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El fiscal también apuntó a una segunda línea de maniobras: la adjudicación irregular de tierras fiscales, que luego habrían sido explotadas con fines inmobiliarios a través de terceros, pese a las restricciones legales vigentes.

En ese contexto, afirmó que el crecimiento patrimonial de los imputados resulta “incompatible” con los ingresos declarados, al detallar la acumulación de inmuebles, vehículos, ganado y operaciones económicas en plazos reducidos.

“Se quedaron con la plata”

El momento más enfático del alegato llegó cuando el representante del Ministerio Público vinculó directamente el presunto enriquecimiento con el manejo de fondos destinados a sectores vulnerables.

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“No queda duda de que toda esa actividad que él desarrollaba como dirigente social era para enriquecerse él y su familia, con la ayuda de funcionarios”, sostuvo Carniel. Y agregó: “En lugar de ir a las personas, se lo quedaron ellos”.

Agravantes: “pantalla”, servidumbre y daño al Estado

La fiscalía puso especial énfasis en los agravantes que, a su criterio, justifican la severidad de las penas solicitadas. En primer lugar, mencionó el uso de movimientos sociales como “pantalla” para acceder a recursos públicos.

Además, incorporó como elemento agravante la “reducción a la servidumbre”, al sostener que personas en situación de vulnerabilidad fueron utilizadas para encabezar reclamos sin recibir beneficios concretos.

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Otro eje fue la magnitud del daño económico, al remarcar que los fondos involucrados provenían del erario público: “Es dinero de todos los contribuyentes”, enfatizó. En esa línea, consideró que el destino social que debían tener esos recursos agrava aún más la conducta investigada.

Las penas solicitadas

El Ministerio Público requirió:

• Ramón “Tito” López: 13 años de prisión por lavado de activos agravado.
• Librada Romero: 13 años de prisión por lavado agravado en asociación.
• David Orlando López: 12 años de prisión.
• Walter Ramón López: 12 años de prisión.
• Daniel Orlando López: 12 años de prisión.

En todos los casos, se pidió además decomiso de bienes y sanciones económicas.

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Tramo final y definición del tribunal

El proceso ingresará ahora en su etapa final. El 6 de mayo será el turno de los alegatos de la defensa, a cargo del abogado Marcelino Leiva, quien ya anticipó que solicitará la absolución de todos los imputados.

Luego, el tribunal deberá analizar la prueba producida a lo largo del debate y avanzar hacia el dictado de la sentencia en una causa que investiga un presunto esquema de corrupción estructural, desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito con impacto directo en recursos destinados a sectores vulnerables.