Campaña antivacunas, irracionalidad y destrucción de la verdad pública

Lo que ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en el Congreso de la Nación no puede presentarse como un acto más dentro del pluralismo democrático. No hubo debate, no hubo contraste de argumentos, no hubo exposición de evidencia. Hubo una suspensión explícita de los criterios que permiten evaluar afirmaciones en el espacio público. 

La diputada Marilú Quiroz habilitó un evento que presentó como "evidencia" de afirmaciones que no cumplían ningún estándar metodológico, y el recinto legislativo -que debería proteger la racionalidad mínima necesaria para deliberar- funcionó como plataforma de legitimación para discursos que no pueden ser evaluados como conocimiento.

La escenificación central fue la supuesta demostración de magnetización post-vacunal. Objetos metálicos adheridos a la piel de un voluntario se presentaron como prueba de un efecto fisiológico. No hubo control de variables, no hubo diseño experimental, no se formuló una hipótesis que permitiera establecer condiciones de refutación. 

El enunciado, tal como se lo presentó, era infalsable. Y un enunciado que no puede ser refutado no puede ser considerado parte del conocimiento público. Lo que se mostró no fue un experimento, fue una apariencia. Y esa apariencia se trató como evidencia dentro del recinto donde la evidencia debería ser la condición mínima de ingreso.

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Mientras seguía el desarrollo del acto, lo que me preocupó no fue la falsedad de las afirmaciones. Estas se pueden corregir. Lo que me preocupó fue la degradación de los criterios que permiten corregirlas. Y para describir esa degradación, el concepto de injusticia epistémica de Miranda Fricker es útil. 

Fricker sostiene que existe injusticia epistémica cuando se daña a una persona -o a una comunidad- en su capacidad de conocer. Ese daño puede aparecer cuando se excluye a determinados sujetos de las prácticas de intercambio de conocimiento, pero también cuando se distorsionan las condiciones sociales que permiten transmitir y evaluar información.

Claro que aquí lo que se dañó no fue un individuo pero sí las normas compartidas que permiten determinar qué cuenta como evidencia. El acto antivacunas difundió desinformación. Sí. Pero no solo, también interfirió directamente en la infraestructura cognitiva sobre la que dependemos para orientarnos en temas de salud y política pública. Se habilitó un escenario donde la credibilidad en vez de asignarse por mérito epistémico, se hizo por afinidad ideológica. Testimonios sin sustento recibieron validación institucional. 

La palabra científica fue presentada como sospechosa. Ese desplazamiento lejos de ser accidental fue la consecuencia de renunciar a los criterios epistémicos que deberían ordenar el discurso dentro de una institución democrática. Fricker advierte que cuando la credibilidad se distribuye sin criterios racionales, se produce contaminación cognitiva. Ojo acá: la palabra contaminación no es metafórica. Significa que se alteran los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía decide qué información es confiable. Y cuando esos mecanismos se alteran, la capacidad colectiva de razonar sobre temas públicos se deteriora. Lo que debería ser un proceso de discriminación entre evidencia y apariencia se convierte en un espacio donde ambas se mezclan sin distinción. Esa mezcla es el verdadero daño.

Cuando desaparecen los criterios que permiten discriminar evidencia de testimonio, las decisiones colectivas quedan expuestas a arbitrariedad y manipulación"

En este punto aparece una ironía inevitable. En los últimos tiempos escuchamos que hay que terminar con la "justicia social". Ahora parece que el nuevo objetivo será avanzar sobre otro tipo de justicia: la justicia epistémica. Si primero se cuestionó la igualdad material, ahora se está cuestionando la igualdad cognitiva. Y esa igualdad cognitiva es todavía más básica: consiste en la posibilidad de que todos, sin excepción, podamos participar en un espacio público donde las afirmaciones se evalúan con criterios compartidos. 

Cuando el Congreso renuncia a esos criterios además de precariza el debate, también precariza la propia estructura que hace posible hablar de verdad y error. 

Lo sucedido dejó claro que el daño no se corrige así nomás. Porque lo que se deterioró fue el marco epistémico que permite analizar datos, contrastar argumentos y sostener políticas apoyadas en evidencia. Una democracia depende de ese marco porque ahí se decide qué afirmaciones pueden ser evaluadas y qué afirmaciones quedan relegadas al plano de la opinión. Un país que tiene un rebrote de sarampión, una enfermedad que había sido erradicada gracias a las vacunas.

Lo ocurrido mostró que una institución puede debilitar la racionalidad pública que debería proteger"

Cuando desaparecen los criterios que permiten discriminar evidencia de testimonio, la conversación pública pierde consistencia y las decisiones colectivas quedan expuestas a arbitrariedad y manipulación. Ese es el núcleo del problema. 

No se trata de discutir si una afirmación es verdadera o falsa, sino de preservar el procedimiento que permite determinarlo. Y el Congreso, al legitimar discursos sin fundamentos verificables, intervino de manera directa sobre ese procedimiento. Lo ocurrido mostró que una institución puede debilitar la racionalidad pública que debería proteger. El problema es sanitario, político, pero sobre todo epistémico. 

Lo que quedó en riesgo es la posibilidad misma de distinguir entre afirmaciones justificadas y afirmaciones infundadas. Cuando esa distinción se debilita, la capacidad colectiva para orientarse racionalmente se vuelve frágil. Y una sociedad con criterios epistémicos frágiles queda siempre disponible para cualquier relato que logre ocupar el vacío.