Corea del Sur: un milagro económico atrapado entre Trump y China

A principios de la década de 1950, tras la devastación de la Guerra de Corea, Corea del Sur se encontraba entre los países más pobres del mundo. Hoy es una economía avanzada, con un ingreso per cápita que supera al de Japón. Gran parte de la transformación de Corea del Sur tuvo lugar bajo la protección proporcionada por el ejército estadounidense, lo que subraya la amenaza que las políticas del presidente Donald Trump representan ahora para su prosperidad y seguridad a largo plazo.

Durante la última década, la economía mundial se ha visto sacudida por cinco grandes perturbaciones: la guerra comercial de Trump con China en su primer mandato y sus aranceles en el segundo, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la guerra en Irán. En conjunto, estas crisis interconectadas han alimentado la inflación, interrumpido el suministro de energía, aumentado los costes de transporte, limitado el espacio fiscal y aumentado la incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial y el orden internacional.

Pocos países han sentido estos impactos de forma tan aguda como Corea del Sur. Su economía está profundamente integrada en el sistema comercial mundial, y las exportaciones representaron el 44% del PIB del país en 2024. También depende en gran medida de las importaciones de energía: el petróleo y el gas natural constituyen alrededor del 82% de su consumo energético, y aproximadamente el 92% de eso proviene de Oriente Medio. Como resultado, se ha visto duramente afectada por los aranceles de Trump y las perturbaciones del mercado energético provocadas por su guerra con Irán.

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La dependencia de Corea del Sur de las exportaciones de manufacturas, especialmente bienes de alta tecnología, aumenta su vulnerabilidad. En 2025, fue el octavo exportador mundial. China y Estados Unidos, sus dos mayores socios comerciales, representan casi el 40% de sus exportaciones, lo que la deja particularmente expuesta a su escalada de rivalidad entre grandes potencias.

Además, a diferencia de muchas economías avanzadas, Corea del Sur nunca ha podido reducir su gasto en defensa, dada la persistente amenaza que representa su vecino del norte. Con Trump poniendo en duda la alianza de seguridad de larga data con Estados Unidos, Corea del Sur debe realizar un delicado acto de equilibrio: mantener su asociación con Estados Unidos, mejorar las relaciones con China y ampliar sus propias capacidades militares.

En 2025, el presidente Lee Jae-myung señaló un cambio estratégico al anunciar que Corea del Sur buscaría convertirse en el cuarto mayor fabricante de armas del mundo para 2030. Gracias a su destreza manufacturera, el país ya ha logrado avances. Pero su sector exportador sigue atrapado en la pinza arancelaria de Trump, a pesar del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita su capacidad para imponer aranceles discriminatorios. Buscando medios legales para reinstaurarlos, la administración ha iniciado investigaciones de la Sección 301 a 16 socios comerciales, incluida Corea del Sur, por supuestas prácticas comerciales desleales.

Para agravar el problema, el acuerdo comercial de Corea del Sur con EE. UU. conlleva elevados costes fiscales. En enero, la administración Trump acordó reducir los aranceles a los productos surcoreanos al 15% después de que el país se comprometiera a invertir 350.000 millones de dólares en EE. UU., incluidos 150.000 millones de dólares en el sector de la construcción naval, a través de una corporación de inversión estatal. Se trata de una suma enorme para una economía del tamaño de Corea del Sur. El año pasado, la inversión total en el país fue de unos 567.000 millones de dólares (según cálculos que utilizan datos del Banco Mundial sobre la inversión como porcentaje del producto y el PIB nominal).

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A pesar de estos vientos en contra externos, las políticas macroeconómicas de Corea del Sur se han mantenido en general sólidas. La inflación ronda el 2%, el desempleo es relativamente bajo y la deuda pública se sitúa en torno al 48% del PIB.

Aunque la estabilidad política se vio brevemente sacudida a finales de 2024, cuando el entonces presidente Yoon Suk-yeol intentó declarar la ley marcial, el orden se restauró rápidamente y se celebraron elecciones anticipadas. A principios de este año, Yoon fue declarado culpable de insurrección y condenado a cadena perpetua. Debido a que los fundamentos macroeconómicos eran sólidos, proporcionando margen para políticas fiscales y monetarias de apoyo, el impacto tuvo un efecto limitado. Se prevé que el crecimiento en 2026 sea modesto, de alrededor del 2%, aunque el declive demográfico significa que el crecimiento per cápita es algo más fuerte de lo que sugieren las cifras principales.

Mientras tanto, el mercado de valores de Corea del Sur ha experimentado un auge, ya que la renovada confianza de los inversores ha reducido el "descuento de Corea" que durante mucho tiempo ha lastrado el rendimiento. Pero la dependencia del país de la energía importada sigue siendo un riesgo crítico, y las perspectivas de crecimiento a corto plazo dependen en gran medida de la rapidez con la que se reabra el estrecho de Ormuz y los mercados de petróleo y gas natural vuelvan a la normalidad.

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Para abordar estos riesgos, el gobierno ha propuesto nuevas medidas destinadas a apoyar y acelerar el desarrollo de industrias de alta tecnología, particularmente aquellas en las que Corea del Sur ya tiene una ventaja competitiva, como la IA y los semiconductores. Esto marca un regreso a la política industrial a una escala no vista desde la dictadura militar de Park Chung-hee. Está por ver si tales políticas resultarán eficaces en la economía global actual.

Resulta alentador que, ante una China en ascenso y un Estados Unidos cada vez más impredecible bajo el mandato de Trump, los responsables políticos surcoreanos hayan respondido con medidas macroeconómicas y de seguridad prudentes. Pero cuando el aliado más cercano de un país se convierte en una fuente importante de riesgo, la estabilidad ya no puede darse por sentada.

(*) Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora senior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y becaria senior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.