Llegó la hora de la acción colectiva

La pobreza es hoy el principal problema social de la Argentina. Sin embargo, no se trata de un fenómeno reciente. Como cuestión pública, comenzó a visibilizarse con fuerza en el último cuarto del siglo XX. Hasta mediados de los años setenta era considerado un problema “marginal”. Pero, hacia finales de esa década, empezó a transformarse en una problemática “estructural”, alcanzando a principios de los años noventa al 25% de la población.

Las causas que explican esta cristalización de la vulnerabilidad social son múltiples: la persistente inestabilidad macroeconómica, la ineficiencia en la gestión y asignación del gasto social, decisiones equivocadas de política pública y la corrupción sistémica que atravesó al Estado argentino durante décadas. La combinación de estos factores creó el escenario perfecto para que un cuarto de la población atraviese todo su ciclo vital marcado por carencias que se perpetúan de generación en generación: familias que nacen, crecen y mueren en contextos de pobreza.

Desde 1990 hasta hoy, Argentina jamás logró perforar el piso del 25% de pobreza medida por ingresos. Ese piso, naturalmente, ha fluctuado, alcanzando picos en momentos de crisis económica: la devaluación de 2002, la inestabilidad cambiaria de 2018, la pandemia de 2020 y la inflación extraordinaria de los últimos años.

La pobreza implica la vulneración de derechos sociales básicos reconocidos por la Constitución Nacional: salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda y un hábitat digno. Es, en última instancia, un atentado contra la dignidad humana, protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Enfrentar la pobreza, por lo tanto, no es solo un desafío económico: es un imperativo ético, jurídico y político.

La estabilidad macroeconómica es condición necesaria para la reconstrucción del tejido social, y el nuevo gobierno ha comenzado a avanzar en esa dirección. Sin embargo, a medida que nos acerquemos cada vez más al núcleo de pobreza estructural —donde las carencias son profundas y persistentes— será evidente que la estabilidad y el crecimiento económico no alcanzan por sí solos. En ese umbral, la acción colectiva se vuelve indispensable.

El abordaje de la pobreza estructural exige articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Implica un trabajo territorial minucioso, acompañando a las familias que viven en contextos de pobreza en el desarrollo de habilidades socioemocionales, fortaleciendo la empleabilidad, garantizando la seguridad alimentaria y asegurando la escolaridad plena de niños y jóvenes. La Argentina cuenta con un ecosistema amplio y profesionalizado de organizaciones sociales con presencia en todo el país y una larga trayectoria en el trabajo comunitario. 

Aprovechar esa experiencia y potenciarla desde la política pública es clave.

El sector privado, por su parte, también tiene un rol determinante. Los territorios con mayor densidad empresarial exhiben sistemáticamente menores niveles de pobreza. Sin embargo, además de generar empleo, las empresas cumplen un papel fundamental en el financiamiento de programas sociales implementados por organizaciones de la sociedad civil. 

Esta inversión no solo es necesaria, sino estratégica: retorna en forma de capital humano capacitado para abastecer la futura demanda laboral.

Como advierte el filósofo Daniel Innerarity, los Estados ya no cuentan con la capacidad suficiente para enfrentar la complejidad creciente de los fenómenos sociales. Por eso, es indispensable aprovechar la inteligencia colectiva distribuida en la sociedad.

El rol del Estado: Un “Plan Marshall criollo” 

El mayor nivel de vulnerabilidad social en Argentina se concentra en los 6.500 barrios populares distribuidos en todo el país. Allí viven 5 millones de personas —el 10% de la población— con carencias profundas y múltiples. En estos territorios, la intervención pública es insustituible: se requiere una suerte de “Plan Marshall criollo” orientado a la integración socio-urbana y a la erradicación de la pobreza.

Este gran plan debe incluir inversión sostenida en escuelas, centros de salud, infraestructura básica, créditos blandos para la mejora de viviendas, seguridad barrial, espacios públicos de calidad y acceso a transporte público. Un programa integral articulado entre Nación y provincias, orientado a transformar estructuralmente los barrios populares. Según un estudio realizado por FUNDAR junto a TECHO, se requieren 27.000 millones de dólares para urbanizar los barrios populares en Argentina (2.250 millones de dólares durante 12 años). 

El mayor nivel de vulnerabilidad social en Argentina se concentra en los 6.500 barrios populares distribuidos en todo el país"

Las provincias también tienen un rol central: en un sistema federal como el argentino, deben ser protagonistas en la búsqueda de soluciones para la erradicación de la pobreza dentro de sus territorios. La Constitución les reserva competencias sociales esenciales y otorga amplias facultades no delegadas. Por eso, es fundamental que asuman un rol protagónico, diseñando políticas sociales ajustadas a sus propias realidades.

Ordenar las cuentas públicas en las provincias y mejorar la eficiencia del gasto social es crucial para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Esta mayor eficiencia fiscal también permitiría reducir la presión tributaria, generando condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo local.

La reconstrucción del tejido social es imprescindible para la consolidación de una sociedad cohesionada y una democracia sólida, donde todos los ciudadanos estén integrados a la vida pública. El abordaje de la pobreza, a través de la acción colectiva y la intervención pública, es fundamental para cambiar la trayectoria de vida de las familias que viven en situación de vulnerabilidad y evitar una nueva generación de pobres estructurales. El trabajo con las familias debe estar orientado a promover el desarrollo de un proyecto de vida realizable y sostenible. 

Los desafíos del siglo XXI 

El siglo XXI debe ser, para la Argentina, el siglo del desarrollo humano. El foco central tiene que estar puesto en modificar trayectorias de vida y generar oportunidades de progreso para el 50% de los niños y jóvenes que hoy crecen en hogares pobres. La inversión en primera infancia resulta determinante si aspiramos a construir una sociedad futura cohesionada, productiva y pujante.

La sostenibilidad del sistema previsional es uno de los grandes desafíos que se avecinan: ¿Cómo se financiará? Es imprescindible realizarse esta pregunta cuando se observa que el 45% de los trabajadores en Argentina lo hace de manera informal. El problema se agravará a medida que se invierta la pirámide poblacional y la proporción de población adulta (pasivos) sea superior a la fuerza laboral joven (activos). Por ello es fundamental la migración de los trabajadores informales hacia la formalidad. 

La inversión privada y la generación de empleo también deben acompañar la reconstrucción del tejido social. Los últimos años fueron especialmente adversos para la Argentina: desde 2012, la economía prácticamente no creció y no se crearon empleos privados registrados. Solo aumentó el empleo público y el informal. Revertir esta tendencia es fundamental para los próximos años.

Poner el foco en la educación es determinante. El sistema educativo argentino tiene presencia, a través de las escuelas públicas, en todo el territorio nacional. Existe allí una gran oportunidad para generar oportunidades de integración y progreso para los sectores más vulnerables. Volcar la mayor inversión en las escuelas públicas localizadas en los contextos más vulnerables.  

Los clubes de barrio también ocupan un lugar central en la vida cotidiana de los argentinos. En nuestro país existen actualmente 12.000 clubes de barrio, donde asisten alrededor de 5 millones de personas. Invertir y potenciar el rol de los clubes de barrios, como espacios de integración socio-urbana, es fundamental para la reconstrucción del tejido social. 
El siglo XX comenzó bien y terminó mal, con un profundo deterioro de los indicadores sociales. El siglo XXI comenzó mal, pero, si hacemos las cosas bien, aún estamos a tiempo de legar a las próximas generaciones un país mejor y una sociedad verdaderamente integrada.

* Mg. en Políticas Públicas de la Universidad Austral 
Director de Desarrollo de Fundación León