De Punta Espinillo a CABA

Así vivía en Flores el narco uruguayo detrás de las dos toneladas de cocaína

Luis Fernández Albín se había instalado en el barrio porteño de Flores. Su nombre aparecía en varios expedientes en Montevideo desde hacía meses. La Justicia uruguaya lo buscaba por el acopio y envío de una carga de 2 mil kilos de cocaína. Cuando la Policía Federal lo detuvo, en el vecino país se llevaron a cabo tres allanamientos más, donde fueron arrestados otros miembros de la organización.

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Durante varias semanas Luis Fernández Albín caminó por las calles de Flores como un vecino más. Nadie imaginaba que ese hombre de nacionalidad uruguaya de 38 años era buscado en su país como el organizador de una de las mayores operaciones de cocaína de los últimos años: el acopio y envío de dos toneladas decomisadas en agosto en una chacra de Punta Espinillo, dentro de la investigación conocida como Nueva Era.

Su nombre aparecía en varios expedientes en Montevideo desde hacía meses, pero su detención en Buenos Aires no fue una consecuencia automática. Fue el resultado de un engranaje inusual que conectó a fiscalías, agencias y tribunales de dos países a través de un sistema de cooperación que, hasta hace poco, funcionaba de manera incipiente.

En septiembre pasado un informe reservado alertó al Ministerio Público Fiscal argentino de que un hombre vinculado a actividades criminales en Uruguay se había instalado en la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal uruguaya especializada en estupefacientes, Angelita Romano, ya había empezado a asegurar la evidencia para pedir su detención con fines de extradición.

Al mismo tiempo, la investigación del lado argentino quedó en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y del fiscal coadyuvante de la Procunar Matías Álvarez, quienes ordenaron vigilancias, seguimientos y tareas de campo a la División Operaciones Federales de la PFA.

La ubicación del hombre en un inmueble de Flores fue la confirmación de que la investigación corría por el carril correcto. 

A través de la Red de Fiscales Antidrogas (RFAI) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, ambas fiscalías cruzaron información sobre movimientos financieros, comunicaciones y posibles cómplices. Ese trabajo derivó en un pedido urgente de detención enviado desde Montevideo a Buenos Aires.

Finalmente, la jueza federal María Servini autorizó el allanamiento del domicilio investigado y ordenó detener a Fernández Albín con fines de extradición. La PFA ejecutó el operativo en simultáneo con tres allanamientos en Uruguay, donde fueron arrestados otros miembros de la organización. La emisión de la notificación roja de Interpol fue la última pieza de un procedimiento que no tuvo fisuras.

En la causa que se tramita en Uruguay, Fernández Albín figura como la persona detrás del acopio de las dos toneladas de cocaína halladas en agosto y quien organizó la logística para su salida hacia el exterior. También está bajo investigación por lavado de activos, un frente que motivó parte del intercambio de información entre ambos países. 

Apenas detenido Fernández Albín, se allanó la extradición, habilitando que la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del MPF, a cargo de Diego Solernó, comenzara los pasos formales para el traslado. Lo que queda ahora es una ingeniería burocrática, pero el trabajo judicial y operativo ya está hecho.

En paralelo, Uruguay procesará a los otros tres detenidos y seguirá reconstruyendo la trama financiera que sostuvo la organización. Las dos toneladas de cocaína incautadas en Punta Espinillo expusieron una estructura mucho más compleja que un simple laboratorio rural. Y la figura de Fernández Albín terminó convertida en algo más que un prófugo: un operador clave cuya caída activó uno de los mecanismos de cooperación más sofisticados del continente.