Lucila Yaconis tenía 16 años cuando aquel lunes de abril de 2003 salió de la casa de su abuela en Núñez y emprendió un recorrido de apenas ocho cuadras para volver a su hogar. Había oscurecido temprano y caminaba por un trayecto que conocía de memoria, habitual desde que cursaba quinto año y almorzaba en la vivienda de su abuela cada vez que su madre trabajaba. Nunca llegó: fue atacada junto a las vías del Ferrocarril Mitre, el agresor intentó violarla y finalmente la asesinó. Días más tarde, la autopsia y las pericias confirmaron un dato que se convirtió en la llave de la investigación: el semen del homicida quedó en el uniforme escolar, permitiendo construir un perfil genético que, hasta hoy, continúa esperando una coincidencia en las bases oficiales.
Veintidós años después, Isabel Yaconis vuelve a reconstruir aquel día, pero también trae una novedad que, por primera vez en mucho tiempo, abre una expectativa. Cuenta que la fiscalía que actualmente investiga el caso, a cargo de Romina del Buono y con el trabajo técnico de Elías Collado, retomó una denuncia vecinal realizada en 2004 y profundizó con nuevas comparaciones de ADN. “Esta fiscalía que agradezco tanto se ha cargado esta causa al hombro y trabajan mucho con el cotejo mechando permanentemente ADN y siempre surge algo que quedó en el tintero”, dice la mamá de Lucila.
El nuevo sospechoso aparece mencionado en aquella denuncia realizada por un vecino de Belgrano un año después del crimen. Isabel cuenta que fue un hombre que se acercó a alertar sobre una persona que mostraba actitudes inquietantes con distintas vecinas. Él mismo no se animó a dejar pasar la situación y la denunció, aunque en ese momento no generó consecuencias porque no tenía antecedentes ni detenciones previas que permitieran abrir un legajo. Con los años, el dato quedó relegado, pero la fiscalía volvió a analizarlo.
Según refiere Isabel, “un vecino fue a hacer la denuncia sobre una persona por muchas actitudes sospechosas que caían sobre él, y como la persona no tenía antecedentes nunca iba a tener una planilla, un legajo; entonces en ese momento lo pasaron por alto, pero la fiscalía siempre sigue trabajando y van sumando ADN”. En ese proceso, la fiscal solicitó autorización judicial para obtener una muestra del sospechoso. “Una vez que se encuentra algo sospechoso hay que pedir autorización al juzgado y ella autorizó la extracción de sangre y de negarse sería compulsiva”, detalla.
La descripción del hombre señalado coincide, además, con el testimonio que una testigo brindó en 2003: alguien joven, muy delgado, de aspecto huesudo. Isabel apunta: “Una testigo habla de un hombre joven muy delgado y por lo que estamos viendo ahora coincide esa descripción con la de este hombre que ahora debe tener 48 años”.
Ese cruce, dice, no es casual. Tampoco es casual que hoy existan más herramientas que entonces. Cuando asesinaron a Lucila, la zona no contaba con cámaras de seguridad y un registro digital de huellas genéticas era apenas un proyecto. Isabel lo transformó en ley después de insistir durante años hasta lograr que el Congreso aprobara el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, donde desde 2017 se almacenan evidencias y perfiles de personas condenadas. Ella misma recuerda: “Ahora se amplió no solamente el banco de huellas genéticas de condenados por la integridad sexual sino a otros delitos donde actúen homicidas, porque qué sabemos si el que mató a mi hija entró después preso en una causa penal”.
La esperanza surge, también, de otros casos que se resolvieron gracias a una búsqueda persistente. Isabel menciona un ejemplo: “Vuelvo a citar el caso de Lola Chomnalez, que también una fiscal muy ducha y muy obsesionada con los perfiles encontró al asesino, algo imposible, pero se logró y Lola tuvo justicia”. Por eso sostiene que un cotejo masivo es siempre necesario: “Yo creo que se coteja con todo lo que hay en el banco, no es tan difícil, deben tener un servicio computado en el sistema que es cruzar datos”.
Pero la causa de Lucila carga también con la sombra del paso del tiempo y el fantasma de la impunidad. Isabel reconoce que muchas personas creen que el caso prescribió. Lo desmiente: “No sé si no habrá sido por la presión mediática que ayuda mucho, pero los medios me trataron muy bien y creo que eso también sostuvo que la causa siguiera abierta”.
La madre también recuerda cómo era su hija, sus rutinas, la responsabilidad con la que emprendía aquel camino que esa tarde de abril se volvió fatal. Ese recuerdo convive con la sensación de culpa que acompaña a tantos familiares: “Son tantos recuerdos que después te tirás las culpas, por qué la dejé ir, por qué no se quedó”, reflexiona. Sin embargo, no se queda detenida en ese punto: transformó el dolor en lucha, acompañó a otras familias, impulsó leyes, recorrió tribunales y jamás se apartó del expediente que sigue esperando un nombre.
Cómo cambió la seguridad tras el femicidio
L.N.
Cuando Lucila Yaconis fue asesinada en abril de 2003, en la zona no había cámaras públicas, ni corredores escolares seguros, ni un sistema unificado de registro genético para agresores sexuales o homicidas. La investigación quedó limitada por la ausencia de imágenes que permitieran reconstruir el recorrido del agresor y por la falta de herramientas tecnológicas que hoy son habituales.
Tras el crimen, la Ciudad adoptó medidas progresivas: se implementaron corredores de patrullaje en los horarios de ingreso y salida de las escuelas, se expandió el sistema de videovigilancia urbana, se fortaleció la articulación con fiscalías de violencia sexual y se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos para delitos contra la integridad sexual, aprobado en 2013 y operativo desde 2017.
En 2023, ese registro fue ampliado por ley para incluir delitos con resultado de muerte, lo que permite cotejar perfiles genéticos de homicidas y abre nuevas posibilidades para casos impunes como el de Lucila.
