La condena dictada tras el juicio oral reconstruyó el circuito de trata que funcionó en dos viviendas de Bahía Blanca entre los años 2022 y 2023. Pero ninguna parte del expediente resulta tan brutal como el relato de la adolescente de 17 años que convivía con las otras dos víctimas. Según quedó acreditado, la menor contó que permaneció sometida sexualmente durante 15 horas por un hombre y que, en otro episodio, se desmayó y al recobrar la conciencia advirtió lesiones y señales de abuso en su cuerpo. No recibió asistencia médica ni contención: Karina Carrasco, la principal imputada, estaba en el lugar y no intervino.
Ese testimonio fue la pieza central del expediente. Para el tribunal –integrado por los jueces Ernesto Sebastián, José Fabián Asis y Marcos Javier Aguerrido–, la declaración de la joven permitió dimensionar la violencia y la estructura de control que sostenía Carrasco. La mujer fue condenada a 8 años de prisión como autora de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por el número de víctimas, su situación de vulnerabilidad, la participación de varias personas y la consumación de la explotación.
El fallo describe cómo Carrasco captaba a víctimas en situación de calle, sin sustento económico, alejadas de su familia o con antecedentes de abusos. Les prometía alojamiento y luego las sometía a un régimen donde debían tener entre seis y siete encuentros sexuales diarios. Sin su consentimiento, publicaba sus fotos íntimas en una página de acompañantes, fijaba las tarifas y daba su propio número para coordinar citas. Retenía la mitad del dinero, pero también les cobraba comida, ropa, papel higiénico, drogas e incluso los preservativos, que eran provistos gratuitamente por el sistema público de salud.
La adolescente relató situaciones que confirmaron el cuadro general: consumo forzado de cocaína y pastillas para “aguantar más”, aislamiento, prohibición de usar teléfonos y castigos económicos ante cualquier incumplimiento. En ese contexto de encierro, su testimonio dejó al descubierto que la menor estaba completamente indefensa frente a los clientes y a la propia Carrasco.
La investigación comenzó el 12 de mayo de 2023 gracias a una denuncia a la línea 145 realizada por una trabajadora del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero. Ese día ingresó una joven de 19 años con lesiones compatibles con abuso y efectos de sustancias. Allí reveló que convivía con otras dos víctimas, incluida la menor. Con esa información, la fiscalía –encabezada por el fiscal Agustín Carestia y el auxiliar fiscal Justo Sebastián– ordenó tareas encubiertas en los domicilios de Tucumán al 1200 y Catamarca al 500. Los operativos confirmaron la explotación.
Además de Carrasco, su hermano Santiago fue condenado a 4 años como partícipe secundario, pena unificada en 5 por una condena previa. El abogado José Andreatta recibió 4 años por colaborar con la organización, asesorar jurídicamente a la principal imputada, tener DNI ajeno y poseer drogas con fines de comercialización. La dueña de uno de los departamentos, Marta Sanso, fue sentenciada a 2 años de ejecución condicional.
El tribunal ordenó el decomiso de los dos inmuebles y dispuso reparaciones económicas de 20 millones de pesos para dos víctimas y 13 millones para la tercera.
En la fundamentación, los jueces señalaron que el relato de la menor no solo permitió reconstruir los hechos, sino también demostrar que las víctimas estaban sometidas a un sistema de explotación sostenido por métodos coercitivos, manipulación económica y violencia psicológica. Esa declaración –precisa, coherente y acompañada por otros elementos de prueba– fue determinante para acreditar el agravante de vulnerabilidad extrema.
La sentencia concluye que la adolescente vivió un período de abuso y encierro que excede cualquier dimensión conocida de explotación sexual en la región. Y que el caso solo pudo salir a la luz por la intervención médica que permitió activar la denuncia, la asistencia del Programa Nacional de Rescate y la decisión de las víctimas de narrar lo ocurrido aun en condiciones de extrema vulnerabilidad.