Confirman las restricciones para los presos de ‘alto perfil’

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la vigencia del nuevo protocolo de seguridad para detenidos considerados de alto riesgo en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF), una herramienta impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La decisión fue tomada en el marco de un habeas corpus presentado por la defensa de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias El Yiyi, presunto líder de una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela, que fue detenido en Corrientes bajo una identidad falsa.

El caso que dio lugar al pronunciamiento llegó a la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En el fallo, los magistrados rechazaron el planteo contra el protocolo al considerar que la acción de habeas corpus no es “la vía procesal pertinente” para discutir la validez de este régimen de seguridad especial. Así, dejaron en pie el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, que fue aprobado el 23 de enero de 2024 mediante la resolución 35/2024.

Este protocolo, diseñado para enfrentar el avance de organizaciones criminales transnacionales, contempla medidas extraordinarias de seguridad: impide el contacto físico con las visitas, restringe las comunicaciones a llamadas salientes desde teléfonos públicos supervisados y limita los desplazamientos internos. Se aplica a internos vinculados a delitos como narcotráfico, terrorismo, homicidios y asociación ilícita.

La defensa de Boscán Bracho había cuestionado estas condiciones y solicitado su cese. En su presentación, también había reclamado mayor frecuencia en las visitas y comunicaciones. Si bien logró que se autorice una visita semanal de 60 minutos y llamadas telefónicas por 40 minutos semanales, su pedido principal –la impugnación del protocolo– fue descartado.

El Yiyi fue arrestado por Interpol en un country de Corrientes, tras una extensa investigación de la Policía Federal. Vivía con una identidad colombiana falsa, en pareja con una mujer de esa nacionalidad, con quien tuvo un hijo. Se movilizaba en una Ford Ranger y mantenía un perfil extremadamente bajo. Las fuerzas de seguridad temían que ofreciera resistencia armada, pero al ser interceptado, no se 

opuso. Llevaba tres documentos falsos: uno argentino, uno venezolano y uno colombiano.

Sobre él pesan gravísimas acusaciones en Venezuela: extorsión, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir. De hecho, Venezuela emitió una alerta roja de Interpol en agosto de 2022 y reclama su extradición. Según información de la Justicia venezolana, es uno de los diez delincuentes más buscados del país y está vinculado, al menos, a tres asesinatos de comerciantes que se negaron a pagarle extorsiones.

Además de Boscan, el protocolo aplica también para presos argentinos de alto perfil, como los integrantes de la banda Los Monos, o el capo narco Mameluco Villalba, entre otros.