Una comisión de la Facultad de Derecho de la UBA logró la absolución de un inocente

Juan Carlos R. I. recuperó su libertad después de haber pasado más de dos años en la cárcel por una acusación falsa. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 lo absolvió luego de que la fiscalía solicitara expresamente no formular acusación, aunque ya era demasiado tarde. Durante su detención, contrajo tuberculosis agravando el impacto del encierro.

El caso se inició cuando Juan Carlos denunció que su hijo –menor de edad al momento de los hechos– había sido abusado por una mujer adulta. Al día siguiente, esa misma mujer presentó una contradenuncia a él y el adolescente –luego sobreseído– y en contra de un tercero al que identificó como “el cerrajero”. A partir de entonces, la Comisión 1309 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un espacio especializado en patrocinio jurídico gratuito para personas sin recursos, asumió la defensa y comenzó a trabajar en la reconstrucción completa del caso.

En el caso fue central el papel de Walter Reinoso, quien está a cargo de la comisión juntamente con la abogada María de los Ángeles Giménez, con coordinación académica de Martiniano Terragni.

En el juicio quedó expuesto que la única fuente de imputación en la contradenuncia era el relato de la denunciante. Los testigos convocados por la fiscalía admitieron que todo lo que conocían provenía de la propia mujer y, aun así, sus versiones resultaron contradictorias entre sí, incorporaban detalles nunca mencionados por ella o se contradecían en puntos centrales sobre la mecánica de los hechos. Esa inconsistencia fue uno de los aspectos que debilitaron de manera decisiva la acusación.

El testimonio del menor, ya siendo adulto, fue determinante para comprender la secuencia. Contó que primero manifestó que la relación con la mujer había sido consentida porque sentía miedo al “qué dirán” y a la reacción de su entorno, pero que con el paso del tiempo entendió que en realidad se había tratado de un aprovechamiento de una mujer adulta sobre un adolescente. Su relato permitió contextualizar sus dichos iniciales y dio solidez a la teoría del caso presentada por la defensa, que desde el primer momento sostuvo que la contradenuncia funcionaba como un mecanismo para encubrir el abuso previo que él había sufrido.

Frente a ese panorama, la auxiliar fiscal, Priscila Eisenchlas, pidió la absolución. El Tribunal recordó que, sin acusación fiscal, el proceso penal no permite dictar condena. De esa manera, ordenó la absolución de Juan Carlos R. I., quien permaneció más de dos años detenido por una imputación que, en el juicio, perdió consistencia.

La resolución también benefició a Roberto S. M,, incluido en la causa únicamente por la contradenuncia de la mujer. Durante el debate no surgió ningún elemento que lo vinculara con los hechos, no existió prueba independiente que lo involucrara y ningún testigo pudo ubicarlo en el episodio denunciado. La fiscalía pidió también su absolución y el Tribunal resolvió de la misma forma.

El trabajo de la Comisión 1309 fue central para llegar a este resultado. La defensa universitaria se construyó a partir de un análisis minucioso de la prueba, del seguimiento constante del expediente y del acompañamiento a la familia. El equipo, integrado por docentes con trayectoria y estudiantes avanzados, intervino en cada etapa del proceso, desde la estrategia inicial hasta la participación en el debate oral. La dinámica replica la modalidad de trabajo con la que la comisión aborda decenas de casos vinculados a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos o en conflicto con la ley penal, siempre bajo criterios de tutela judicial efectiva y estándares de derechos humanos.

Para la comisión, el caso exigió un gran esfuerzo académico y emocional. Con entrevistas, análisis de testimonios, preparación de alegatos y una reconstrucción completa de los hechos, sumado al acompañamiento constante del acusado durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. La experiencia se sumó a otras intervenciones complejas del patrocinio jurídico gratuito, que en los últimos años participó en investigaciones relevantes –como el caso del portero de Núñez (ver foto izq.) condenado a veinte años de prisión por abuso sexual reiterado– y colaboró en la captura de prófugos.