El Gobierno presentó la nueva Política de Inteligencia 2025 y redefinió el rol de la SIDE: los 6 lineamientos más importantes

Este viernes el Gobierno presentó la “Política de Inteligencia Nacional 2025”, un documento que redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y establece los lineamientos que regirán su actividad durante los próximos años.

Este martes, el Ejecutivo nacional había afirmado que “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del área de inteligencia y desplazó a Sergio Neiffert para colocar en su lugar a Cristian Auguadra.

El texto, ratificado por el Decreto 864/2025, parte de una revisión completa del sistema que, según el documento, arrastraba “más de tres décadas de deterioro”, y que volvía necesario ordenar su estructura, su conducción y su capacidad de anticipación frente a riesgos emergentes.

La intención es que el organismo vuelva a operar bajo una lógica integrada, capaz de suministrar información estratégica en tiempo real y de intervenir de manera coordinada ante situaciones que afecten intereses nacionales.

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El documento desarrolla primero la caracterización del entorno estratégico que enfrenta la Argentina. Sostiene que la competencia entre grandes potencias, extendida al plano económico, tecnológico y discursivo, “produce un escenario internacional fragmentado, donde la presión normativa, la influencia externa y la disputa por recursos se vuelven más frecuentes”.

Sobre ese tablero, “América Latina aparece expuesta a fenómenos que combinan violencia del crimen organizado, expansión de economías ilícitas, debilidad institucional y presencia de actores extrarregionales” con capacidad de intervenir en procesos locales.

Según el texto, esta combinación genera “un clima de vulnerabilidad” que exige un sistema de inteligencia capaz de interpretar amenazas híbridas, identificar interferencias encubiertas y actuar en un contexto en el que “las operaciones informativas y cibernéticas se convirtieron en herramientas corrientes de proyección de poder”.

A partir de ese diagnóstico, la nueva Política de Inteligencia Nacional define un conjunto de intereses estratégicos que orientan la actividad del sistema. El primero de ellos es la protección de la soberanía y la autonomía nacional, entendida no sólo como la defensa territorial clásica, sino como “la capacidad del país para tomar decisiones sin condicionamientos externos derivados de presiones económicas, tecnológicas o discursivas”.

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Este punto supone identificar amenazas que puedan limitar la proyección argentina, detectar oportunidades para consolidar vínculos favorables y monitorear la presencia de actores cuyo accionar pueda alterar el margen de autonomía institucional. También implica “resguardar el conocimiento científico propio” y “observar los sectores en los que la dependencia tecnológica o la vulnerabilidad regulatoria puedan convertir a la Argentina en un actor previsible o manipulable”.

El texto introduce además la necesidad de proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, un concepto que abarca desde “el control de eventuales dinámicas de fragmentación en zonas sensibles” hasta el “seguimiento de campañas de desinformación que puedan erosionar la cohesión institucional”.

La defensa del Estado, bajo esta lógica, no se limita a su dimensión física, sino que incluye la preservación de su autoridad frente a acciones encubiertas, interferencias externas o tensiones internas que puedan debilitar su capacidad de ejercer gobierno sobre todo el territorio.

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Otro eje central es “la protección de la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los habitantes”. Este punto se vincula con la necesidad de identificar debilidades estructurales que puedan afectar la seguridad ciudadana, desde la actuación de redes delictivas hasta “la filtración de información estratégica” que ponga en riesgo sectores económicos clave.

También se relaciona con el seguimiento del crimen organizado, cuya capacidad para operar sobre circuitos financieros, logísticos y digitales lo convierte en un actor con potencial de alterar la estabilidad jurídica, económica y social.

El documento incluye, además, la preservación del sistema democrático, republicano y federal, entendido como “un espacio vulnerable a interferencias externas en procesos electorales, legislativos o de gobernanza territorial”.

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Bajo ese enfoque, la inteligencia debe “vigilar la presencia de operaciones destinadas a manipular debates, alterar percepciones o financiar estructuras políticas de manera encubierta”, así como “identificar patrones de erosión institucional” que puedan impactar en la representatividad democrática o en la transparencia decisional.

Otro punto central es la protección de los recursos estratégicos del país, que abarca desde los minerales críticos y las fuentes de energía hasta ecosistemas de alto valor ambiental. El texto señala que “la presión global sobre estos bienes, en un escenario de creciente demanda tecnológica y energética, convierte a la Argentina en un espacio de interés para actores estatales y no estatales que buscan garantizar acceso a esos recursos”.

La defensa de esas áreas, según el documento, requiere un “monitoreo coordinado de la presencia externa en regiones como el Atlántico Sur”, la plataforma continental o zonas de frontera, así como una lectura que combine dimensiones “ecológicas, productivas y geopolíticas”.

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Sobre esa base, el Gobierno desarrolló lineamientos estratégicos que orientarán la producción de inteligencia. El primero de ellos se refiere a “la disputa de poder en el escenario internacional” y al rol de la comunicación estratégica.

El documento advierte que, “en el mundo actual, la influencia discursiva se convirtió en un instrumento de poder capaz de moldear percepciones, condicionar agendas y alterar la posición internacional” de un país.

La inteligencia, en consecuencia, deberá interpretar narrativas, identificar actores que operen sobre ellas y evaluar “los efectos que esos mensajes puedan tener sobre la proyección externa de la Argentina”.

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Otro eje refiere a la superioridad de la información y al riesgo de influencia externa. Allí se menciona que numerosas operaciones —muchas veces encubiertas— buscan alterar percepciones públicas, manipular debates o interferir en decisiones políticas mediante “la difusión de información falsa o engañosa”.

La inteligencia deberá analizar patrones discursivos, “mapear redes de influencia” y anticipar los efectos de campañas coordinadas destinadas a modificar el clima social o la orientación de políticas públicas.

El documento también aborda el concepto de “poder integral del Estado”, que engloba la capacidad del país para sostener su funcionamiento político, económico, social, científico y tecnológico en un entorno adverso.

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En esa categoría se incluyen variables como “la estabilidad institucional, la proyección internacional, la solvencia económica, la seguridad ciudadana y la disponibilidad de infraestructura crítica”. La inteligencia deberá identificar vulnerabilidades en esos campos, prever escenarios de riesgo y detectar presiones externas que puedan condicionarlos.

Otro aspecto desarrollado es “la proyección antártica nacional”, un punto de suma importancia mundial para los próximos años. Allí se explica que “la presencia argentina en el continente blanco”, sostenida a través de bases permanentes y actividad científica, “se volvió un componente estratégico” en un espacio donde convergen intereses geopolíticos, logísticos y ambientales.

La Antártida aparece en el documento como un territorio cuya “proyección geoeconómica” futura exige un monitoreo constante de actores que puedan disputar presencia o capacidad operativa en la zona.

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El texto incorpora también la preocupación por “la presencia extranjera en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y los archipiélagos de Georgias y Sandwich del Sur”. En ese punto, el documento reconoce que “en esa región se combinan recursos de alto valor, rutas bioceánicas y áreas en disputa”, lo que vuelve necesario observar las actividades científicas, logísticas o militares de potencias extrarregionales. El objetivo es “anticipar movimientos que puedan incidir sobre los intereses argentinos”.

El documento dedica un capítulo extenso a los recursos naturales estratégicos y a los efectos de su explotación sobre la biósfera. Allí se afirma que “la presión global sobre minerales críticos, agua, biodiversidad y fuentes energéticas genera un escenario donde actores estatales y corporativos buscan asegurar su acceso mediante distintos mecanismos”. El servicio de inteligencia, en ese contexto, debe interpretar los efectos ambientales, sociales y productivos de esas actividades, a fin de “preservar la disponibilidad futura de esos bienes”.

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El eje dedicado al ciberespacio describe este ámbito como “un territorio donde pueden ejecutarse operaciones de sabotaje, espionaje, manipulación informativa o interferencia algorítmica”.

Dado que buena parte de las funciones del Estado y de la actividad privada dependen de infraestructura digital, el documento sostiene que la protección de esos sistemas se volvió “un componente esencial de la seguridad estratégica”.

Además, el documento se explaya sobre “las tecnologías de frontera”, como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la biotecnología avanzada. El texto explica que estas herramientas “redefinen capacidades de defensa, logística y decisión política”, por lo que la Argentina deberá anticipar disrupciones, reducir dependencias externas y proteger el talento científico que las hace posibles.

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La política también aborda el terrorismo como una amenaza que combina redes transnacionales, flujos financieros y capacidad para operar tanto en el espacio físico como en el digital. El objetivo es “identificar vectores de radicalización, detectar señales tempranas y prevenir la articulación de acciones” destinadas a generar desestabilización.

Finalmente, el documento incorpora la contrainteligencia como “un elemento clave para detectar infiltraciones, interferencias o acciones de espionaje destinadas a erosionar la capacidad decisional del Estado”.

Bajo esta óptica, la protección de información sensible y “la detección de operaciones encubiertas se vuelven herramientas centrales” para preservar la autonomía institucional.

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En las consideraciones finales, el texto señala que la SIDE deberá coordinar al conjunto del sistema y garantizar que los organismos trabajen con un criterio común para la producción de inteligencia nacional.

El documento presentado este viernes funcionará como “guía para ordenar el esfuerzo de las distintas áreas del Estado” en la identificación anticipada de riesgos y en la protección de los intereses estratégicos del país.

NG