Cámara de Diputados

Reforma laboral en Diputados: los artículos más controvertidos y el paro convocado por la CGT

En reunión de comisión todavía se debaten los útimos puntos para el debate de mañana en Diputados. Mientras tanto, la CGT y CTA confirmaron la convocatoria al paro general y manifestaciones.

. Foto: Cedoc Perfil

Este jueves 19 de febrero se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la reforma laboral. Aunque la negociación fue álgida desde el comienzo, luego de recibir la media sanción en el Senado las discusiones se pusieron aún más tensas.

En la reunión de comisión de este miércoles, hasta las 17 se escucharon los discursos de los invitados externos, como representantes de sindicatos de distintas organizaciones gremiales, abogados laboristas y representantes empresariales, que fueron a dar su opinión de la reforma. Luego comenzaron las exposiciones de los legisladores que debatirán la ley en el recinto.

Además del famoso artículo 44, que se confirmó que será eliminado, existen otros puntos sobre los que no se conoció un acuerdo cerrado.

 

Indemnizaciones, banco de horas y licencias

Un punto muy cuestionado por la oposición es el nuevo sistema de indemnizaciones. Se propone un régimen opcional para reemplazar la indemnización tradicional por despido. En lugar de pagar una suma elevada al final de la relación laboral, el empleador haría aportes periódicos a un fondo durante la vigencia del contrato. El sistema tiene por objetivo reducir el “costo de despido”, según el Gobierno y es similar al que ya funciona en UOCRA. Sin embargo, los sindicatos apuntan que el monto final de los resarcimientos podría ser menor al que se paga actualmente. 

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Por otro lado, el Gobierno presentó en la “modernización” un proyecto de banco de horas, el cual habilita un esquema de compensación en el que las horas extra no se pagan aparte, sino que pueden ser acumuladas y compensadas con días de descanso, además de que las jornadas podrían extenderse. El supuesto objetivo es la mayor flexibilidad y adaptación a los picos de producción. Igualmente, los opositores advierten que podría haber un desbalance en la negociación de ese tiempo extra, lo que pondría a los empleados en riesgo de jornadas muy extensas y sin pagos que lo retribuyan.

José Mayans, presidente del Partido Justicialista en el Senado, manifestó que esta medida “va contra los trabajadores” y puso en duda la compatibilidad con la Constitución Nacional (art. 14 bis), en su discurso en el recinto. Además, los sindicatos se han expresado en desacuerdo de este artículo.

El capítulo de las licencias fue especialmente discutido. Se proponía un cambio en el régimen de enfermedades y lesiones inculpables. En algunos casos, si la dolencia se vinculaba a una conducta considerada riesgosa, el pago durante la licencia podría reducirse al 50% o 75% del salario. Además, se ampliaban los controles médicos a cargo del empleador.

Sin embargo, luego de que incluso los diputados de bloques aliados se mostraran en contra de este artículo, se decidió eliminarlo para poder seguir adelante con el proyecto. Tambien fue duramente rechazado por la CGT y otras organizaciones gremiales, quienes lo consideraron un ataque directo al salario y a la dignidad laboral. Las críticas se hicieron públicas tanto en comunicaciones sindicales como en redes y comunicados

Derecho a huelga, trabajo en plataformas e incentivos y cargas sociales

El proyecto de “modernización laboral” propone nuevas restricciones a las medidas de fuerza. En servicios considerados esenciales o trascendentes, se exige garantizar un funcionamiento mínimo del 50% al 75% durante una huelga. En un comunicado que difundieron Axel Kicillof y otros seis gobernadores repudiaron esta medida, haciendo énfasis en el recorte de un derecho constitucional como lo es el derecho a la huelga.

La reforma laboral busca definir que quienes trabajan en aplicaciones de reparto o transporte sean considerados trabajadores autónomos, sin relación de dependencia directa con la plataforma. El objetivo es brindar un marco legal a un rubro que actualmente, por su reciente aparición, no lo tiene.

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“En Rappi participamos en debates regulatorios porque creemos que reglas del juego claras permiten el desarrollo de la economía de plataformas. El proyecto es positivo, ya que establece un estándar para realizar esta actividad”, opinó Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, en la reunión de comisión.

En contra de ello, los sindicatos sostienen que se formaliza la precarización, al excluir derechos como vacaciones, aguinaldo o indemnización. La IUF (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines), expresó su desacuerdo con este punto en diversos comunicados.

Otras criticas llegaron por parte de los cambios respecto del teletrabajo: “Nos venden ‘modernización’ como si fuera sinónimo de eficiencia y futuro. Pero en el mismo proyecto derogan la Ley 27.555 de Teletrabajo, la única que fijaba reglas mínimas: derecho a la desconexión, reversibilidad, provisión de herramientas y compensación de gastos”, expuso Diego Falcon en X.

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Asimismo, se propuso una simplificación registral y digitalización de los tramites. Avanza en la digitalización de libros laborales y la simplificación de trámites ante ARCA (ex AFIP), con el fin de reducir burocracia y costos administrativos. Además, se eliminan o reducen sanciones por empleo no registrado en determinados casos.

Tanto analistas laborales como algunos opositores parlamentarios han cuestionado la idea de suavizar sanciones por trabajo no registrado, señalando que puede incentivar la informalidad en lugar de combatirla.

Otro punto de discusión es la creación de un Régimen de Incentivo a las Medianas Empresas (RIMI) con beneficios impositivos y reducción de cargas sociales para la creación de nuevos puestos de trabajo, que proyecta fomentar el empleo y reducir las cargas impositivas a las pymes.

Sindicatos advirtieron que la reducción de cargas sociales puede vulnerar el financiamiento de sistemas previsionales y de seguridad social.

El paro del jueves

Con el fin de presionar al Congreso, las centrales sindicales CGT y las CTA convocaron a un paro general nacional en rechazo a la reforma laboral para este jueves 19 de febrero.

Los sindicatos reclaman que la reforma laboral abarata despidos, con el sistema de fondo de cese; flexibiliza la jornada laboral, a través del banco de horas; limita el derecho de huelga, imponiendo servicios mínimos elevados; precariza nuevas formas de empleo, especialmente en plataformas digitales; debilita la protección sindical y la negociación colectiva, y reduce aportes y cargas sociales, afectando el sistema de seguridad social.

“Esta Confederación General del Trabajo alerta que este es un proyecto que va en contra de una Argentina productiva y de una Argentina hacia la justicia social” expreso Jorge Solá en la reunión de comisión en representación de la CGT.

Aunque el paro fue anunciado “sin movilización”, habrá concentraciones frente al Congreso y en distintas ciudades del país. Además, los dirigentes anticiparon que, si la reforma avanza, las medidas de fuerza serán profundizadas.

Por el momento, el Gobierno permanece en silencio, al igual que lo hizo horas previas al tratamiento de la ley en la Cámara de Senadores. Desde el bloque de La Libertad Avanza consideran que la discreción es su mejor aliado en un momento en el que cada voto cuenta.

 

RG/ML