Tras la polémica por el Mundial, libertarios impulsan el cobro a extranjeros en salud y educación pública

Lo que empezó como una guerra en redes sociales por el Mundial terminó destrabando una de las batallas culturales más fuertes de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Cansados de las burlas y de las acusaciones de "racismo" lanzadas por turistas y residentes transitorios tras la final perdida por la Selección Argentina, el bloque oficialista en la Legislatura provincial pisó el acelerador y presentó un proyecto de ley para arancelar los hospitales públicos y las universidades estatales a todos los extranjeros que no tengan sus papeles migratorios definitivos.

El que armó toda la jugada es el jefe de la bancada libertaria, Agustín Romo. Y no lo hizo solo: Consiguió que el proyecto fuera firmado por sectores cercanos a Karina Milei y Patricia Bullrich. El diputado marcó que Argentina no recibe el mismo trato afuera y le apuntó directo a los que usan los servicios gratis mientras critican al país. "El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó", disparó.

En la letra chica, la idea es dura pero tiene sus excepciones. El proyecto aclara que frente a una urgencia médica, nadie se va a quedar sin atención ni le van a exigir el dinero antes de curarlo: recién le van a cobrar una vez que esté estabilizado. Además, quedan afuera de la tarifa las víctimas de trata y los pacientes con enfermedades contagiosas. Todo lo que se recaude irá directo al Fondo Provincial de Salud.

Más allá del ruido político, la medida choca de frente con los números reales de los hospitales bonaerenses. Según los últimos datos que mostró el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak (cuando se intentó debatir esto mismo hace dos años), la presencia de extranjeros en el sistema es mínima: representan apenas el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones. Esto deja en claro que el proyecto busca dar una fuerte señal ideológica más que salvar las cuentas de la Provincia.

El segundo frente del proyecto apunta a las aulas de las universidades provinciales, que si sale la ley tendrán que empezar a cobrarles una cuota a los estudiantes internacionales. El Gobierno tiene en la mira a los famosos "estudiantes golondrina": jóvenes que llegan al país empujados por agencias de turismo educativo (muy comunes en Brasil y Ecuador), se reciben usando la universidad gratis y vuelven a sus países.

A pesar de la movida en Buenos Aires, en la Casa Rosada saben que llevar esta prohibición a todos los hospitales del país hoy es muy difícil. Desde el Ministerio de Salud de la Nación admitieron que, para bloquearles el acceso gratis a los extranjeros sin residencia a nivel federal, el Gobierno de Javier Milei tendría que modificar la Ley de Migraciones. Hoy por hoy, ese debate no pasa el filtro del Congreso.

¿Es la salud un derecho humano para todos en la Argentina?

El atajo universitario y el modelo porteño

Por el lado de las universidades nacionales, la historia es distinta porque la puerta legal ya está abierta desde el DNU 366/2025 de mayo del año pasado. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recordó que el Gobierno ya autorizó a las facultades a cobrarles aranceles a los alumnos sin residencia permanente. Ahora la pelota la tienen los rectores, que por el momento se resisten a poner cualquier tipo de barrera económica.

Para avanzar con los hospitales, los libertarios bonaerenses miran de reojo lo que ya pasó cruzando el Riachuelo. A fines de 2024, la legisladora porteña Pilar Ramírez impulsó una jugada idéntica para que la salud pública le dé prioridad absoluta a los vecinos locales, obligando a los extranjeros de paso a pagarse un seguro médico.

Esa presión terminó dándole forma a la política de salud de Jorge Macri. Desde marzo de este año, la Ciudad de Buenos Aires ya le cobra a cualquier persona sin DNI argentino que necesite atenderse por cuestiones que no sean de riesgo de vida: si quieren una tomografía, una resonancia, una internación común o una cirugía programada, tienen que pagar de su bolsillo.

TC/MSS