Desbarataron un call center de estafas y extorsiones que operaba desde una cárcel
Tres internos fueron identificados como los cabecillas del “call center tumbero”, desde donde coordinaban los delitos con el apoyo de dos mujeres detenidas en allanamientos realizados en La Calera.
En el marco de un allanamiento, la Policía de Córdoba desarticuló una organización delictiva que realizaba estafas y extorsiones desde la cárcel de Cruz del Eje, al norte de la provincia.
La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 6, dirigida por Jorgelina Gutiez, permitió comprobar la participación de los implicados en hechos de lesiones leves y abuso de armas agravado por precio o promesa remuneratoria.
Tres internos fueron identificados como los cabecillas del “call center tumbero”, desde donde coordinaban los delitos con el apoyo de dos mujeres detenidas en allanamientos realizados en La Calera.
Los presos utilizaban celulares ingresados ilegalmente al penal para comunicarse con las cómplices, quienes actuaban como nexo con las víctimas.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de dos kilos de cocaína de alta pureza, sustancias de corte, dos motocicletas, cartuchos, teléfonos celulares, chips y cargadores. También se halló una sustancia vegetal compatible con marihuana, que será analizada por los peritos.
La Unidad Judicial y la Brigada de Investigaciones de La Calera realizaron seguimientos y tareas de campo que derivaron en la detención de una de las mujeres, en cuyo domicilio se secuestró un teléfono con contactos e imágenes clave para la causa. A partir de esa evidencia, se ordenaron requisas dentro del penal de Cruz del Eje, donde se recuperaron los celulares utilizados por los reclusos.
La investigación continúa abierta para determinar el grado de participación de cada uno y establecer si existen vínculos con otras redes de estafa y extorsión que operan desde establecimientos penitenciarios del país.
Esta modalidad, que ya se había detectado en cárceles de otras provincias, vuelve a poner en evidencia el uso de tecnología ilegal dentro de los penales y la necesidad de reforzar los controles para frenar el delito tras las rejas.
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