Los bonos corporativos de Argentina registraron su mayor caída en seis meses, ya que una nueva ronda de controles de capital y restricciones gubernamentales al acceso a dólares amenazan con provocar una ola de incumplimientos.
Las notas de la productora estatal de petróleo YPF SA con vencimiento en marzo perdieron entre 7,1 y 89 centavos por dólar. El operador de centros comerciales IRSA Propiedades y el productor de energía limpia Genneia SA también fueron duramente afectados, ya que los inversionistas abandonaron los valores que vencen en los próximos seis meses.
Funcionarios del Banco Central anunciaron anoche que las compañías que deban más de US$1 millón al mes no podrán comprar dólares a la tasa oficial a menos que refinancien al menos el 60% de su deuda con vencimiento antes de fines de marzo. Las restricciones, que los funcionarios estimaron se aplicarían a una deuda por valor de US$3.300 millones, son un intento desesperado de mantener los dólares a medida que las reservas caen peligrosamente bajas.
“El banco central está cambiando las reglas nuevamente”, dice Roger Horn, estratega de SMBC Nikko Securities America.
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El jefe del banco central, Miguel Pesce, también anunció nuevos impuestos sobre las compras de dólares por parte de particulares, pero fue el cambio en las reglas para las empresas lo que asustó a los inversionistas en bonos. La autoridad monetaria dijo que las empresas deben extender los vencimientos dos años para la mayor parte de su deuda en el extranjero que venza en los próximos seis meses. Pesce instó a las empresas a elaborar un plan y presentarlo al banco central para su aprobación.
Por supuesto, las compañías tendrían que negociar con sus tenedores de bonos para tal reestructuración, independientemente de las regulaciones del banco central.
Los vencimientos de la deuda corporativa le costaron al banco central alrededor de US$800 millones en reservas por mes, según estimaciones de la corredora TPCG, con sede en Buenos Aires. Argentina tiene alrededor de US$6.000 millones en reservas netas, según Credit Suisse.
“Las últimas medidas reafirman nuestra opinión de que no hay empresas argentinas inmunes al soberano”, asegura Santiago Barros Moss, analista de deuda de TPCG.
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