Los líderes de la Cámara Baja de Brasil acordaron votar sobre un proyecto de ley que socava el control presupuestario del gobierno, lo que representa un golpe potencial para el presidente Jair Bolsonaro en un momento en que intenta superar las recientes crisis y reunir apoyo para su propia agenda legislativa.
La Cámara de Diputados votará sobre una enmienda constitucional que restringiría la capacidad de congelar el gasto y de mover libremente los fondos públicos, según entrevistas con seis líderes de partidos de la Cámara Baja.
La decisión surge en medio de dudas sobre el futuro de una enmienda constitucional separada que reducirá el gasto en pensiones, que es el proyecto de ley prioritario del gobierno.
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Las restricciones presupuestarias serían una reprimenda para Bolsonaro y exacerban la turbulencia política que ha envuelto a su administración. Desde que asumió el poder hace casi tres meses, el apoyo popular a Bolsonaro se ha desplomado, ha peleado con ayudantes y ha perdido apoyo de un patrocinador clave del proyecto pensional. Los inversionistas han advertido que si no se controla el gasto, los activos locales se derrumbarían y acercarían al país a la insolvencia.
"La enmienda constitucional sobre el presupuesto tiene el apoyo de todas las partes", dijo el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, a los periodistas el martes. Ese día se llegó a un acuerdo para una votación en una reunión, aunque la fecha y hora exactas permanecen inciertas.
Si el proyecto de ley en la Cámara Baja se convierte en ley, Bolsonaro tendría que buscar la autorización del Congreso cada vez que su administración modifique los planes presupuestarios.
Actualmente, cuando el Congreso aprueba el presupuesto anual, el poder ejecutivo conserva un grado de flexibilidad sobre cómo se gastan los fondos. Si el proyecto de ley en la Cámara Baja se convierte en ley, Bolsonaro tendría que buscar la autorización del Congreso cada vez que su administración modifique los planes presupuestarios.
Como enmienda constitucional, el proyecto de ley tendría que ser aprobado por 308 de los 513 legisladores de la Cámara Baja en dos votos separados, y luego por 49 de 81 senadores en dos votos adicionales.
