Un nuevo repunte de la violencia carcelaria sacudió a Ecuador por tercer día: al tiempo que el Gobierno luchaba por retomar el control de las cárceles del país. El número de muertos en un penal de Guayaquil ascendió a 31.
El presidente, Guillermo Lasso, decretó un segundo estado de emergencia de 60 días para el sistema penitenciario luego de imponer un toque de queda en amplias áreas de las tierras bajas de la costa del Pacífico central luego del asesinato el domingo de Agustín Intriago, alcalde de Manta.
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El Gobierno atribuye el aumento de la violencia, incluida la triplicación de la tasa de homicidios a más de 25 por cada 100.000 personas en cinco años, a los mayores esfuerzos para combatir el narcotráfico. Desde que Lasso asumió el cargo a mediados de 2021, la policía ha incautado más de 450 toneladas de cocaína.
Si bien los motines en las prisiones han matado a unos 400 reclusos desde 2020, habían disminuido en alcance y frecuencia hasta el domingo. Entre las medidas adoptadas para detener el derramamiento de sangre, el Gobierno ha casi duplicado el número de guardias en las cárceles de todo el país.
Además, se han desplegado aproximadamente 2.700 policías y militares para recuperar el control de las cárceles del país, incluidas las de Azogues, Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Loja y Tena. La respuesta logró asegurar la liberación de unos 130 guardias que habían sido tomados como rehenes.
El martes por la noche, la oficina del fiscal general a través de Twitter elevó el número de muertos por los disturbios en una penitenciaría de Guayaquil mientras policías y soldados luchaban por retomar el control de dos pabellones en guerra.
Los disturbios en las prisiones se extendieron a Esmeraldas, donde 17 guardias y empleados de la prisión fueron tomados como rehenes. Entre otros incidentes en el centro de exportación de petróleo del país, se incendiaron tres vehículos y se desactivó una bomba casera frente a las oficinas del fiscal, según un comunicado del Gobierno.
Traducido por Paola Torre.
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