El esfuerzo de la administración Donald Trump para permitir que las empresas con objeciones religiosas o morales se excluyan de los requisitos de Obamacare de ofrecer cobertura anticonceptiva gratuita en sus planes de atención médica para los empleados se ha encontrado con un bloqueo en una corte de California, en vísperas de la entrada en vigencia de las nuevas reglas.
El juez de distrito de Estados Unidos Haywood Gilliam, en Oakland, emitió el domingo una orden judicial preliminar contra las reglas finales para la nueva exención a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, aunque la limitó a los 13 estados que demandaron, más el Distrito de Columbia.
La decisión, que puede ser apelada, incrementa la guerra cultural provocada por el intento del presidente Donald Trump de extender los derechos de "libertad religiosa" de las iglesias a las empresas, una medida que en 2017 desencadenó un litigio respaldado por grupos de derechos y estados liderados por los demócratas.
"La ley no podría ser más clara: los empleadores no tienen por qué interferir en las decisiones de atención de la salud de las mujeres", afirmó en un comunicado el Fiscal General de California Xavier Becerra, quien lideró la coalición estatal. "El fallo judicial de hoy detiene otro intento de la administración Trump de pisotear el acceso de las mujeres a la atención reproductiva básica".
"La ley no podría ser más clara: los empleadores no tienen por qué interferir en las decisiones de atención de la salud de las mujeres", afirmó Xavier Becerra
Consecuencias "graves"
El fallo también incluye a los estados de Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
"Ningún estadounidense debe ser obligado a violar su propia conciencia para cumplir con las leyes y regulaciones que rigen nuestro sistema de salud", aseguró Caitlin Oakley, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en un correo electrónico.
Gilliam dijo que los estados no habían alcanzado el alto umbral requerido para otorgar una orden judicial en todo el país, a pesar de mostrar que enfrentan "consecuencias de salud pública y fiscales potencialmente graves a partir de la implementación de las reglas finales". Sin embargo, agregó que "el tribunal reconoce plenamente que limitar el alcance de este mandato a los estados demandantes significa que las mujeres en otros estados corren el riesgo de perder el acceso a los anticonceptivos sin costo cuando las reglas finales entren en vigencia".
"El control de la natalidad asequible y accesible es la razón por la cual EE.UU. ha alcanzado la tasa más baja de embarazos no planeados en 30 años", aseguró Leana Wen, médico y presidente de Planned Parenthood Federation en un comunicado. "Es hora de que los políticos reconozcan el control de la natalidad como atención médica y que las mujeres, en consulta con nuestros médicos, no con nuestros empleadores, decidamos qué anticonceptivos recibimos".
’Exención moral’
Gilliam dijo que la exención religiosa tiene el efecto de "privar a las empleadas, estudiantes y otras beneficiarias" de su derecho a la "cobertura anticonceptiva proporcionada sin problemas y sin costo alguno".
"Es un buen día cuando un tribunal impide a este gobierno sancionar la discriminación bajo el disfraz de religión o moralidad", dijo la American Civil Liberties Union en una declaración.
Las organizaciones religiosas ya están exentas de la norma, pero Trump busca revertir el requisito de anticoncepción gratuita para más categorías de empleadores, incluidas las empresas que cotizan en bolsa.
