Donald Trump es el hombre más afortunado del mundo. A diferencia de casi, bueno, todos, ha estado protegido de las consecuencias de sus propios errores toda su vida.
Nacido en una familia acomodada, el dinero de su padre lo aisló de las perspectivas académicas tibias y de las represiones comerciales en serie (“A menudo digo que soy miembro del afortunado club del esperma”, así es como lo expresó en uno de sus libros). Emergiendo como una estrella de los reality shows a principios de la década de 2000, Trump descubrió que la fama le permitió ser tan depredador como quisiera sin repercusiones. (“Cuando eres una estrella, te dejan hacerlo”). Y su ascenso a la Casa Blanca en 2016 abrió sus ojos a la armadura legal de la presidencia, que interpretó de manera amplia y a menudo inexacta (“Tengo un Artículo II, bajo el que tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”).
Aunque Trump se ha abierto paso, entre otras dificultades, a través de malas calificaciones, la amenaza de bancarrota personal, acusaciones de agresión sexual, una investigación federal intensiva y un juicio político, ha avanzado relativamente sin heridas y sin remordimientos. La riqueza, la celebridad y la presidencia lo han mantenido a flote. Todo ese aislamiento también ha significado que no ha aprendido de sus errores. Todos los cálculos personales y públicos han sido pospuestos o desviados.
Ahora, sin embargo, Trump está observando dos amenazas que se avecinan después de abandonar la Casa Blanca en enero. Una es financiera, la otra legal. Ninguna de las dos está completamente bajo su control. Y ambas pueden ayudar a explicar, junto con su incapacidad perenne de aceptar la derrota, por qué Trump no reconocerá que el presidente electo Joe Biden lo sucederá y por qué ha alistado al Partido Republicano para que lo ayude a confundir a los estadounidenses sobre el resultado del elección presidencial.
Trump y el mosaico de negocios que alberga dentro de Trump Organization están cargados con una deuda de más de US$1.000 millones, que Dan Alexander de Forbes ha contado útilmente. Una parte de ese total se ha dado a conocer en los últimos años en las divulgaciones financieras personales del presidente, en los archivos de la Oficina de Ética del Gobierno. El New York Times reveló recientemente que Trump ha garantizado personalmente al menos US$421 millones de la deuda, y más de US$300 millones vencen en cuatro años.
En otras palabras, Trump debe una gran cantidad de dinero que podría tener que pagar en una economía maltratada por el covid-19, en la que sus industrias (hoteles, ocio, bienes raíces urbanos) han sido particularmente golpeadas. Forbes estima que sus activos valen US$3.700 millones; Bloomberg News los fija en alrededor de US$3.200 millones. No va a la quiebra. Pero si la economía continúa teniendo dificultades en los próximos meses, esas valoraciones se pondrán a prueba. Y gran parte de lo que Trump tiene no es líquido, lo que significa que puede ser difícil vender activos rápidamente si necesita recaudar fondos. Entre las tenencias más valiosas de Trump, por ejemplo, se encuentran las participaciones minoritarias en dos propiedades controladas por Vornado Realty Trust. Los rumores de ventas de urgencia podrían deprimir aún más el valor de su cartera.
Otra cosa que debilitaría la capacidad de Trump para negociar acuerdos financieros o alivios de deuda es abandonar la presidencia. En el lado legal de las cuentas, Trump, sus hijos y su compañía se enfrentan a agresivas investigaciones sobre sus finanzas, sus prácticas contables y sus pagos de impuestos.
La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan está investigando a Trump por posible fraude fiscal y falsificación de registros comerciales, según documentos de la corte de apelaciones. En esta investigación, que también examina el pago del presidente para silenciar a dos mujeres que supuestamente tuvieron encuentros sexuales con él, la oficina del fiscal de distrito busca ocho años de declaraciones de impuestos de Trump. También está analizando si Trump infló el valor de sus propiedades y otros activos para obtener fondos de prestamistas e inversionistas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha iniciado otra investigación, también centrada en si Trump Organization y la familia Trump manipularon las valoraciones para obtener fondos u obtener beneficios fiscales. La investigación de James es un caso civil, que podría conllevar fuertes sanciones financieras contra Trump, pero no tiempo en prisión (a menos que encuentre razones para reformularlo como caso penal). Sin embargo, la investigación de Vance es un asunto penal, y si el equipo de Trump es declarado culpable de delitos graves, el tiempo de prisión es una posibilidad.
El equipo de Trump ha luchado contra la investigación de Vance, e incluso ha argumentado ante la Corte Suprema de EE.UU. que un presidente en funciones es inmune a los procesos penales estatales. Si bien el tribunal rechazó esa noción en un fallo histórico durante el verano, se convertiría en un argumento discutible en cualquier lugar una vez que Trump ya no sea presidente.
Un Trump empujado fuera del foso legal que rodea la Casa Blanca se convierte, en su mayor parte, en un Trump que puede ser demandado y penalizado como cualquier otro estadounidense. Eso también podría dar nueva tracción a los casos de agresión sexual en su contra.
No está claro cuán agresivos serán los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la Administración de Biden hacia Trump. Podrían resucitar algunos de los cargos de obstrucción que han quedado en desuso desde que el ex consejero especial Robert Mueller terminó su investigación. Por otro lado, la tormenta política que podría encenderse podría persuadir a Biden de detenerse.
Lo que está claro es que el dinero y la libertad de Trump están en juego. A medida que se enfrenta a la pérdida de las elecciones de 2020, continuará respondiendo de manera feroz e impredecible, como un hombre que durante 74 años ha estado acostumbrado a salirse con la suya.
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