La prohibición temporal de la minería de criptomonedas en Venezuela está acabando con la industria que el presidente Nicolás Maduro se esforzó en promover.
Los reguladores estatales ordenaron suspender la minería de criptomonedas en marzo, tras abrir una investigación sobre un gran esquema de corrupción en el que supuestamente se utilizaron billeteras de criptomonedas para redirigir pagos adeudados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA.
Maduro había impulsado personalmente el uso de criptomonedas y, específicamente, del token soberano Petro, emitido por el Gobierno. La moneda fue promocionada como una alternativa al bolívar venezolano frente a la hiperinflación y como una herramienta para evadir las sanciones de Estados Unidos. Pero a medida que la prohibición de la minería de criptomonedas por parte del Estado se prolonga por tercer mes, muchos mineros con problemas de liquidez podrían verse obligados a cerrar definitivamente. Y el Petro, que nunca despegó pero que una vez fue considerado por Maduro como la puerta de Venezuela hacia el futuro, dejó de cotizar el 24 de mayo.
Para Alexis Lugo, quien ha estado trabajando en activos digitales durante siete años y ahora lidera un criptoproyecto educativo llamado Criptoneros, es lamentable que después de pasar por tantos problemas para formalizar y hacer las cosas bien, ahora estén en esta situación.
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Alrededor de 80 personas han sido detenidas en relación con el escándalo petrolero, en el que supuestamente se vendió crudo venezolano a través de la agencia de supervisión de criptomonedas del país sin pagar tarifas a PDVSA. Entre ellas se encuentran el ex ministro de Tecnología Hugbel Roa, que desempeñó un papel clave en la promoción del Petro, y Joselit Ramírez, que dirigía la superintendencia de criptomonedas. Sin embargo, no se entiende muy bien por qué persiste la prohibición de la criptominería.
La gran mayoría de los mineros, que utilizan computadoras especializadas para validar los datos transaccionales de la cadena de bloques, se centran en el bitcóin y no tienen nada que ver con el Petro, ya que los tokens son 100% “preminados” por el Gobierno. Aun así, se estima que 75.000 unidades de equipos de minería han sido desconectados, según estimaciones de grupos mineros. Eso equivale a aproximadamente toda una flota de máquinas propiedad de una importante empresa minera que cotiza en bolsa, como Riot Platforms Inc.
La policía de inteligencia, conocida como Sebin, ha realizado auditorías de los mineros, en busca de confirmación de que los fondos utilizados para la compra de equipos no provenían del esquema de corrupción petrolera, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas. Pero hasta ahora no se sabe de ningún minero que haya sido detenido o acusado de algún delito.
“Pagan justos por pecadores”, dijo Juan Blanco, director ejecutivo de BitData, un criptominero de 10 personas en Caracas que también se centra en la criptoeducación.
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Cambio en el paisaje
La prohibición de la minería en el país se produce en un momento en que los mineros de todo el mundo han estado luchando con la caída del bitcóin además de los mayores costos de la electricidad. Core Scientific Inc., el mayor minero de bitcóin por potencia informática que cotiza en bolsa, quebró el año pasado, y varios mineros han advertido de problemas de liquidez.
Quienes operan en Venezuela han estado parcialmente protegidos del aumento de los costos de la energía, ya que el país disfruta de unas de las tarifas eléctricas más bajas del mundo. Pero un giro de 180 grados por parte del Gobierno de Maduro en sus políticas amigables con las criptomonedas ha puesto en duda el estatus del país como un paraíso minero.
Maduro había llamado a las criptomonedas la fuerza para liderar la revolución “de la mano”. Al impulsar el uso del Petro, su Administración creó una aplicación Petro, un criptobanco y vallas publicitarias en lo alto de los edificios gubernamentales con el logotipo de Petro.
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Ahora, las cosas han cambiado drásticamente. Más allá de la prohibición de la minería de criptomonedas y el comercio del Petro, la mayoría de los anuncios del Petro a gran escala han desaparecido; oficiales armados mantienen una guardia constante fuera del criptoregulador de la nación; y las bolsas de criptomonedas venezolanas se han visto obligadas a cerrar las operaciones en la moneda local después de que los reguladores bloquearan sus cuentas bancarias.
“Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con el Petro o la superintendencia (de criptoactivos)”, dijo Humberto Quevedo, operador de criptomonedas y director de la organización de operadores y mineros Asonacrip. “Estamos a oscuras sin un pronunciamiento oficial”.
