La deforestación anual de la selva amazónica tuvo el mayor repunte en más de una década, reavivando las críticas a las políticas medioambientales del presidente Jair Bolsonaro.
Se redujo poco menos de 10.000 kilómetros cuadrados de la llamada Amazonía legal entre agosto de 2018 y julio de 2019, de acuerdo con la medida Prodes, que proporciona una estimación anual oficial de la deforestación. La cifra, publicada por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, representa un aumento de casi 30% respecto al año anterior y marca el tercer repunte más alto de deforestación desde que comenzó la racha.
Las imágenes de la quema de la selva tropical atrajeron la atención global en agosto, y líderes mundiales y celebridades consideraron la necesidad de proteger la Amazonía a medida que los incendios aumentaban en medio de un clima particularmente seco y lo que los críticos dicen es una política ambiental demasiado laxa. En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, dijo que el gobierno tenía un “enfoque de tolerancia cero ante la criminalidad”.
Al preguntarle sobre las críticas de Bolsonaro frente a las multas emitidas por agencias ambientales, Salles dijo que el aumento de la deforestación no tenía nada que ver con los discursos del presidente, sino que se derivó de la falta de fondos para monitorear la actividad ilegal en la región.
La deforestación conlleva un costo económico directo. El Fondo Amazonas de 1.800 millones de reales (US$446 millones), creado para recaudar donaciones para combatir la deforestación, utiliza la cifra emitida por Prodes como referencia para determinar el desembolso de efectivo para proyectos de sostenibilidad en la región. Tanto Noruega como Alemania, los dos principales contribuyentes internacionales al fondo, ya han suspendido sus contribuciones debido a las políticas ambientales del gobierno brasileño.
“El gobierno está prácticamente desechando todo el trabajo realizado durante la última década para proteger el medio ambiente”, dijo Cristiane Mazzetti, quien lidera la campaña por el Amazonas en Greenpeace, una ONG con la que el gobierno se enfrenta a menudo. “La tendencia es que la destrucción solo aumentará de aquí en adelante”.
Bolsonaro minimizó repetidamente los datos que muestran un aumento de la deforestación, afirmando simultáneamente que la selva tropical pertenece a Brasil y que requiere desarrollo económico para beneficiar a los que viven en la región. El presidente también apoya la liberación de reservas indígenas y ambientales para la minería. En agosto despidió al director del INPE, Ricardo Galvao, por cifras preliminares del instituto que reflejaban un aumento de la tala en la Amazonía.
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