La petrolera estatal de Venezuela está preparando un pago de bonos de US$949 millones que vencen el 29 de octubre. El plan para pagar el cupón y parte del principal de la deuda de 2020 de Petróleos de Venezuela SA sería una excepción para el Gobierno de Nicolás Maduro, que ha acumulado casi US$7.000 millones en incumplimiento de deuda con los inversores. Este bono está respaldado por una participación mayoritaria en Citgo Holding Inc., lo que significa que un impago permitiría a los tenedores de bonos reclamar la joya de la corona de los activos de Venezuela en Estados Unidos.
Los inversores ya anticipaban el pago. Los títulos de US$2.500 millones se negociaban cerca de un récord de 92 centavos de dólar, un nivel mucho más alto que la mayoría de los bonos venezolanos que rondan los 25 centavos. Los analistas de JPMorgan Chase & Co., Torino Capital y Eurasia Group también dijeron que el Gobierno socialista pagaría debido a su deseo de mantener Citgo, aunque se cuestiona cuánto tiempo podrá hacer frente a los pagos de la deuda de PDVSA.
Risa Grais-Targow, analista sénior de Eurasia Group, dijo en un comentario el lunes que la estrategia del Gobierno respecto a las obligaciones con acreedores parece ser evitar o retrasar el pago siempre que sea posible, pero pagar o liquidar cuando los activos externos valiosos estén en peligro. La analista añadió que esta estrategia tiene límites, ya que el Gobierno aún se enfrenta a un déficit de efectivo importante debido a la caída de las exportaciones de petróleo.
Representantes de PDVSA y del Ministerio de Finanzas venezolano no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios fuera de horario de negocio habitual en Caracas. Incluso si se realiza el pago, el destino de Citgo no está asegurado. Una pequeña empresa minera canadiense, Crystallex International Corp., obtuvo el derecho de cobrar una resolución de arbitraje con acciones del propietario de Citgo Petroleum Corp., un veredicto que Venezuela apeló. Por otra parte, un grupo de tenedores de bonos por valor de US$8.000 millones, asesorado por Guggenheim Securities, ha dicho que está "explorando opciones" para garantizar que los activos del país en el extranjero estén disponibles para satisfacer sus reclamaciones.
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