El exjefe de Gabinete Agustín Rossi fue entrevistado en el piso de "QR" para describir lo que considera una aberración jurídica: la decisión de la jueza Loretta Preska de hacer valer el estatuto privado de YPF por encima de su ley de estatización, votada por amplia mayoría en el Congreso argentino en 2012. Rossi fue uno de los legisladores oficialistas que votó a favor del proyecto que permitió expropiar el 51% de YPF y que tuvo 208 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 63 en el Senado.
"Quienes impulsaron el juicio son los que no vieron afectado su derecho de propiedad sobre la empresa", explicó Rossi en respuesta al fallo adverso que obliga al Estado argentino a entregar a los acreedores el 51% de las acciones de la petrolera, decisión judicial que será apelada por el Gobierno.
Después agregó que el fallo “entrega soberanía económica a los fondos buitres” mientras que pone en riesgo “la conducción estratégica del principal activo energético del país”. Luego observó que el fallo de Preska validó el reclamo de fondos como Burford y Bainbridge, quienes se asociaron con el Grupo Petersen para litigar contra el Estado argentino por la expropiación parcial de la petrolera. “Repsol, que tenía el 51%, fue indemnizada y nunca litigó. Los que demandan son quienes conservaron sus acciones”, diferenció. También cuestionó el trasfondo legal: “La jueza toma el estatuto de la YPF privatizada como si fuera superior a una ley nacional”, subrayó en reiteradas oportunidades.
El exfuncionario detalló que la norma fue oportunamente aprobada con amplio respaldo opositor. Añadió que el fallo no solo es “jurídicamente insólito”, sino que responde a una operatoria “especulativa” para que fondos buitres se queden con la mayoría accionaria sin haber invertido “ni un dólar” en el desarrollo energético.
Según consideró, lo más grave no es el monto a pagar sino el riesgo institucional. “YPF es el corazón de Vaca Muerta, el motor del superávit energético. No se puede ceder el 51% sin perder el control del desarrollo nacional”, afirmó. Propuso una estrategia firme de defensa legal, diplomática y política ya que “otros países están mirando este caso porque puede sentar un precedente peligroso para cualquier otra petrolera estatal”. En su cierre, repitió que la Argentina necesita “una respuesta política con potencia jurídica” para defender la compañía de bandera.
LB / FPT
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