En diálogo con Canal E, el especialista Matías Olivero Vila, explicó el trasfondo legal y económico de las nuevas disposiciones oficiales que buscan reducir la informalidad sin una reforma tributaria estructural.
Un país sumergido en la informalidad
"Tenemos entre un 45% y un 50% de informalidad. Eso es brutal, no lo podemos normalizar”, dijo el entrevistado poniendo en cifras el problema estructural de la economía argentina. Según el experto, esa informalidad no es cultural ni casual, sino consecuencia directa de un sistema tributario insostenible.
"Tenemos los impuestos más altos del mundo", asegura, citando estudios del Banco Mundial y organismos empresarios. "A medida que tenés impuestos más desbordados, reflejo del descontrol del gasto público, la informalidad crece", añadió.
Las causas profundas: presión impositiva y blanqueos recurrentes
"No es que tenemos en el ADN del argentino la evasión. Es que el sistema la fomenta", sostuvo el entrevistado argumentando que la evasión está incentivada por un sistema impositivo desproporcionado, que impone más de 150 tributos y un nivel de fiscalización que convierte a los privados en agentes del Estado.
"Cada dos años y ocho meses hay un blanqueo. ¿Para qué cumplir si sé que me van a perdonar después?", se pregunta, denunciando la falta de previsibilidad.
¿Qué hacer frente a esta informalidad?
"Lo correcto sería bajar los impuestos, eliminar tasas ridículas, y fiscalizar en serio”, sostuvo el especialista quien no duda en señalar la solución ideal: una reforma profunda que simplifique el sistema tributario y reduzca la presión impositiva. Sin embargo, advierte: "Eso no lo podés hacer porque te genera un bache fiscal y el Gobierno quiere mantener el superávit."
La salida provisoria: normas de transición
"Estas medidas no son un blanqueo, pero se le parecen mucho. Se baja el estándar de supervisión”, mencionó Olivero Vila definiendo la nueva normativa como una estrategia pragmática, que busca permitir la formalización sin imponer los castigos fiscales actuales.
"No es lo justo, pero antes que no hacer nada, es preferible”, reconoce el especialista.
Consecuencias legales: entre el delito y la moratoria
En lo penal, las nuevas leyes buscan elevar el monto mínimo para que una evasión sea considerada delito, actualmente fijado en apenas un millón de pesos."Veremos si lo suben a 50 o 100 millones. Eso sería razonable”, mencionó el entrevistado.
Respecto a lo patrimonial, propone acortar los plazos de prescripción para evitar que futuros gobiernos revisen lo que hoy se deja pasar.
Un sistema que desalienta el cumplimiento
"Hoy en día, los privados hacemos el trabajo del Estado. Eso disuade la formalidad”, sostuvo el entrevistado. Y añadió: "La presión fiscal no solo es económica, también es burocrática".
Para finalizar, Olivero Vila agregó: "Esta norma no es lo ideal, no es lo justo. Pero es menos mala que no hacer absolutamente nada".
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